Querella contra Atutxa

La Fiscalía General ha presentado una querella por desobediencia contra el presidente y dos miembros de la Mesa del Parlamento vasco, por su negativa a materializar la disolución del grupo parlamentario de Batasuna decidida por el Tribunal Supremo. La decisión es grave, porque abre un conflicto institucional de consecuencias imprevisibles; pero nadie podrá alegar sorpresa porque la justicia no podía ceder frente a la pretensión de que una mayoría parlamentaria pueda llegar a bloquear la aplicación de una resolución judicial con la que está en desacuerdo por motivos políticos.

La estrategia soberanista de Ibarretxe tiene un componente rupturista respecto a la legalidad constitucional. El terreno elegido para evidenciar esa insumisión es el compartido con el mundo radical: sobre todo, lo relacionado con la ilegalización judicial de Batasuna. Esa estrategia implica provocaciones que o bien hagan retroceder al Estado o bien escenifiquen la ruptura. La eventual inculpación del presidente del Parlamento vasco no sería contradictoria con esa estrategia. Incluso podría dar un pretexto para la disolución anticipada de un Parlamento en el que Ibarretxe no tiene la mayoría que necesitaría para dar vía libre a su propuesta soberanista.

La querella era previsible desde el momento en que el Supremo aclaró cualquier posible duda sobre el alcance de su sentencia: lo que se requería a Atutxa no era la disolución del grupo parlamentario, ya decidida, sino "los simples actos de materialización" de la misma mediante la incorporación de sus parlamentarios al Grupo Mixto. Según el último auto del Supremo, cuya argumentación asume la querella, Atutxa cometió un fraude de ley al idear un artificio por el que se condicionaba el trámite a su aprobación por la Junta de Portavoces, en la que contaba con un voto que resultó decisivo al propio grupo disuelto.

El panorama que se abre es sombrío, pero al menos ha entrado en una vía jurídica: el Tribunal Superior del País Vasco, competente por afectar el caso a aforados, deberá decidir si admite la querella a trámite y, si lo hace, dilucidar si el comportamiento de Atutxa y quienes le secundaron incurre en la desobediencia del artículo 410 del Código Penal. ¿Se atreverán los nacionalistas a extender la insumisión al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi?