La Generalitat, condenada a costear los depósitos de detenidos de 21 municipios

La Generalitat deberá pagar a 21 ayuntamientos catalanes los gastos que tuvieron que soportar los municipios para mantener sus depósitos de detenidos entre los años 1985 y 1998. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo en una sentencia que no es recurrible. Aunque la sentencia no cuantifica la cantidad que deberá satisfacer la Generalitat, la Federación de Municipios de Cataluña estima que ésta ascenderá a 34,4 millones de euros.

Este importe sale de sumar los gastos reales acreditados por los municipios por mantener los depósitos de detenidos y los intereses pendientes desde el año 1991, cuando se produjo la primera sentencia sobre este caso.

La Federación de Municipios de Cataluña, que agrupa a los municipios gobernados por la izquierda, afirmó ayer que los ayuntamientos que han presentado certificaciones de gastos de sus depósitos de presos ante el Tribunal Supremo son los de Arenys de Mar, Badalona, Cerdanyola del Vallès, La Bisbal d´Empordà, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Manresa, Olot, Puigcerdà, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, La Seu d'Urgell, Terrassa, Tremp, Valls, El Vendrell, Vic y Vilafranca del Penedès.

El litigio judicial ha sido largo. En 1998, la Federación de Municipios de Cataluña reclamó a la Generalitat alrededor de 10.000 millones de pesetas por los gastos de mantenimiento y vigilancia de todos los depósitos de detenidos de Cataluña. Los ayuntamientos aseguraron entonces que la factura pendiente por el mantenimiento de los depósitos de detenidos desde 1985 era de 5.000 millones de pesetas, que, a su juicio, convirtieron en 10.000 millones si se sumaban los intereses de demora correspondientes.