La relación del parlamentario desertor y los Bravo-Vázquez

Eduardo Tamayo es miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña desde 1994, año en que su grupo de Renovadores por la Base -dirigentes socialistas con algunos apoyos en las agrupaciones pero que hasta entonces no habían entrado en las principales listas ni habían ocupado cargos públicos- empezó a negociar con su porcentaje de voto en los congresos del partido.

Como dirigente socialista siguió trabajando en los negocios privados, ligados al urbanismo, de José Luis Balbás, su mentor y jefe en el grupo de Renovadores por la Base. La trayectoria política de Balbás había pasado de UCD al partido fundado por Francisco Fernández Ordóñez hasta recalar en el PSOE.

Balbás usó a Tamayo para sacar adelante uno de sus negocios en el polígono industrial Quitapesares de Villaviciosa de Odón, un espacio de 170.000 metros cuadrados que se repartían numerosos propietarios, entre ellos Balbás, para comercializar naves industriales, espacios comerciales o edificios de oficinas.

Balbás, socio minoritario

La mayoría del polígono industrial era de La Caixa (56%), y Balbás (con el 14%) representaba en la Junta de Compensación a los propietarios minoritarios. Todos se debían poner de acuerdo para impulsar el polígono industrial, construir las calles, llevar los servicios y, por último, poder vender (el precio medio es de 180 euros el metro cuadrado) o construir sobre las parcelas una vez que se aprobase el Plan Parcial en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, gobernado por el PP, lo que ocurrió en diciembre de 2000.

La gestión de este polígono estuvo salpicada de problemas, lo que llevó a que los socios minoritarios pidieran al gobierno municipal de Villaviciosa de Odón que paralizase un procedimiento de apremio que había contra ellos y que podía dar al traste con la operación.

En esa junta de compensación también estaban los promotores Francisco Vázquez y su sobrino Francisco Bravo Vázquez. En torno a este negocio urbanístico es donde se produce la relación entre Bravo Vázquez, que representaba en la Junta de Compensación a Euroholding Corporación Financiero, y Tamayo, que defendía los intereses inmobiliarios de Balbás. Los socialistas quieren poner ahora en manos de la Fiscalía esa relación para que se investigue si se ha producido un delito de cohecho que justifique la ausencia del diputado socialista del pleno donde se votaba al presidente de la Asamblea de Madrid, que recayó finalmente en el PP.