Los jueces critican la falta de medios para la orden de protección

La orden de protección para maltratadas, que entrará en vigor este mes, necesita de más medios policiales, económicos y materiales para que sea efectiva. Ésta es la principal conclusión de los jueces que ayer asistieron a unas jornadas sobre violencia doméstica celebradas en el Tribunal Supremo. Los magistrados criticaron especialmente la falta de policías para hacer cumplir las órdenes de alejamiento.

La orden de protección permite que el juez, tras recibir la denuncia y en un tiempo nunca superior a las 72 horas, active medidas penales cautelares (orden de alejamiento, inhabilitación de la patria postestad) o civiles (atribución a la víctima del domicilio o retirada de la custodia de los hijos al agresor...).

El juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, se mostró satisfecho por la aprobación por unanimidad parlamentaria de la orden de protección, pero teme que, si no hay más recursos económicos y policiales, se generen problemas con su aplicación, especialmente en las orden de alejamiento. Por ello solicitó policías para controlar si los agresores cumplen realmente la orden de alejamiento. La entrada en vigor de la orden de protección implicará que los agresores que quebranten la orden de alejamiento ingresen de forma inmediata en prisión. Bayo también expresó su temor a que la inmediatez de los juicios rápidos "impida castigar lo que realmente es un delito y no una falta". Reconoció la necesidad de un registro centralizado que agilice los trámites.

La presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, también alerta de que las medidas cautelares han de ir acompañadas de medidas de control. "El sistema fracasa cuando se acude a un juzgado y a pesar de haber denunciado amenazas o malos tratos y que se hayan aplicado medidas cautelares de alejamiento no se evita una muerte", lamentó. Comas pidió policías y propuso que se pongan en marcha pulseras con GPS (sistema de ubicación por satélite) para tener controlado en todo momento al agresor.

Micaela Navarro, diputada socialista que ha trabajado en la elaboración de la orden, confía en que los presupuestos Generales del Estado 2004 que está elaborando el Gobierno contengan partidas específicas para poder aplicar de la mejor manera posible esta orden porque sino "no tendremos una puerta abierta a la esperanza sino al precipicio".

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, alertó del peligro que supone el plazo máximo de 72 horas para aplicar la orden de protección. En muchas ocasiones las mujeres tras denunciar vuelven a sus hogares donde les esperan sus agresores. Si la orden no se aplica de forma inmediata hay un "tiempo muerto" en que las víctimas corren serio peligro, aseguró Bayo.

En este punto coinciden las asociaciones de mujeres, que creen necesario que la orden se aplique de forma inmediata y no en un plazo máximo de 72 horas. Estas grupos solicitan desde hace años una Ley Integral que ataque el problema de raíz. En lo que va de años 33 mujeres han muerto a manos de sus compañeros o excompañeros.

Magro sugirió que cuando no se puedan celebrar los juicios rápidos de violencia doméstica por tener que practicarse diligencias se convoque la vista con celeridad en lo que el denominó juicios semirápidos.