A ver si nos enteramos...

En la polémica que se viene produciendo en torno a la responsabilidad política de la directora del Instituto de la Mujer por haber encargado personalmente, según declaraciones del autor, y en su calidad de propietaria de la editorial El Cobre, un libro titulado Todas putas que, entre otros relatos, incluye alguno que representa una auténtica apología de la violación de una menor (también el autor así lo proclama en distintas entrevistas en radio y prensa), queremos hacer algunas puntualizaciones:

Jamás hemos situado nuestra crítica en el ámbito de la literatura, ni de la creación. Desde esa perspectiva, en efecto, tan libre es doña Myriam Tey de fomentar literatura de esa calidad como cualquier hijo de vecino lo es de criticarla o denostarla.

Pero no hablamos de literatura porque entonces, seguramente, no habría polémica y ni Vargas Llosa ni el académico Muñoz Molina, ni siquiera Juan Manuel de Prada o el mismísimo Campmany habrían escrito ni una sola línea sobre Migoya y su libro que habría pasado desapercibido.

Nosotras hablamos de una razonable incompatibilidad entre el hecho de ser la encargada por el Consejo de Ministros de la defensa de los derechos y de la dignidad de las mujeres, y a la vez, ser responsable, como editora, de un libro cuyo contenido ha sido considerado vejatorio para las mujeres por parte de muchas personas (incluidos una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras del propio Instituto de la Mujer, las directoras generales de todos los organismos de igualdad de las comunidades autónomas -excepto las gobernadas por el Partido Popular-, los grupos políticos de la izquierda parlamentaria, la mayoría de las organizaciones de mujeres y algunos periodistas y escritores tan respetables como Carlos Llamas, Marta Robles o Juan José Millás).

Para hacernos entender tal vez debamos salir del "mundo de las mujeres", desgraciadamente cargado de prejuicios, y poner algún ejemplo ilustrativo de nuestro argumento. ¿Podría ser director general de Medio Ambiente el propietario de una industria altamente contaminante? ¿Sería creíble como responsable de la política del menor un productor de cine porno? Y finalmente, ¿cuánto tiempo hubiera durado en su cargo un director general del Ministerio del Interior, dueño de una editorial, que hubiera encargado un relato ("de ficción") reivindicando el buen nombre de los terroristas de ETA?

La responsabilidad pública debe conllevar, entre otras obligaciones, la de mantener, en la esfera privada, un compromiso ético reconocible por la ciudadanía.

No es creíble doña Myriam Tey como máxima responsable, por ejemplo, del observatorio que vigila la no discriminación de las mujeres en la publicidad. ¿Se defendería con tanta energía un anuncio en el que aparecieran las mismas imágenes que Todas putas describe (léase la violación de una niña de cinco años)? ¿Actuaría doña Myriam Tey contra la empresa anunciante?

De la misma manera que no interpretamos que Mario Vargas Llosa, al defender el derecho a la libertad de expresión del autor de Todas putas, esté avalando la calidad literaria de la obra, no se debería confundir nuestra crítica a la actuación de la directora del Instituto de la Mujer con una voluntad de censura a la creación literaria con independencia de la opinión que nos merezca el libro.

En otra ocasión podemos discutir hasta qué punto algunas obras han incidido e inciden en la cultura y la tradición que se empeña en mantener a las mujeres en un lugar oscuro de subordinación y miedo. Pero hoy no hablábamos de literatura, sino de credibilidad,de defensa del buen nombre de una institución a la que tanto debemos las mujeres españolas. La segunda edición de Todas putas -aparecida estos días-

pone de manifiesto el escaso valor que la señora Tey concede al organismo que representa. El círculo maldito de amenazas, vejaciones, violencia y muerte que muchas mujeres sufren a diario sólo se podrá resolver si las mujeres sienten confianza en las instituciones que deben ampararlas, reconociendo en sus responsables un claro compromiso con la defensa de su dignidad.

Doña Myriam Tey debe dimitir para poder seguir vendiendo libros sin emponzoñar su responsabilidad en el Gobierno.