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Editorial:

Condena al intervencionismo

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 26,4 millones de euros a Canal Satélite Digital (CSD) por los perjuicios ocasionados con la legislación que promovió hace seis años para impedir sus emisiones, atentando contra la legislación europea sobre el Mercado Único. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal pone así punto final a un vergonzoso episodio de intromisión del Gobierno en los medios de comunicación privados, uno de los capítulos de la denominada guerra digital, en el que el Gobierno utilizó toda su capacidad legislativa, primero mediante un decreto-ley y luego por medio de una ley aprobada en el Parlamento con el apoyo del PNV y de Izquierda Unida, liderada por Anguita, para obstaculizar el desarrollo de CSD (empresa participada por PRISA, editora del diario EL PAÍS).

El Gobierno de Aznar puso en marcha a través de su ministro de Fomento, a la sazón Rafael Arias-Salgado, una cascada de iniciativas legislativas para favorecer a la plataforma que promovía con el capital de Telefónica (Vía Digital) en perjuicio de Canal Satélite Digital, que ya funcionaba y que en dos meses contaba con más de 30.000 abonados. La ley obligaba a que los operadores se pusieran de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto imponía el sistema que impulsaba Telefónica y que todavía no existía en el mercado, dejando a CSD a expensas de lo que decidiera su competidor, al que concedía un efectivo derecho de veto. Y entre otras restricciones establecía una homologación nacional de los descodificadores distinta a la del resto de Europa, que rompía el mercado único europeo y atentaba a la libre circulación de mercancías y de servicios.

La Comisión Europea y los tribunales han descalificado aquel desafortunado episodio legislativo en varias ocasiones por violar el derecho comunitario en lo referido a la libertad de circulación de mercancías y de servicios dentro del mercado europeo. El real decreto, desarrollado posteriormente en una ley, ya fue anulado en diciembre de 2002 por una doble infracción de las normas comunitarias. El Supremo cierra ahora aquella lamentable guerra que encabezó Aznar obligando al Estado a pagar una cuantiosa indemnización que correrá a cargo de los contribuyentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de junio de 2003