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Quince países hacen públicas sus objeciones al proyecto de Constitución europea

Todas las quejas se refieren al futuro reparto de poder en las instituciones comunitarias

Los representantes de 15 Gobiernos europeos en la Convención, ninguno de ellos los cuatro grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), suscribieron ayer una declaración en la que incluyen una relación de puntos importantes del proyecto de Constitución europea que les gustaría modificar, todos ellos sobre el reparto de poder propuesto en la UE que perjudica a los países medianos y pequeños. El Ejecutivo español no firmó el documento, pero sí la enmienda presentada por Polonia, respaldada por los demás firmantes y el Reino Unido, para que se mantenga el sistema de voto pactado en Niza.

El documento está firmado por los representantes de Austria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. No todos suscriben todas las quejas, pero todos ellos tienen alguna de las que aparecen.

En la declaración afirman que "la Convención ha cumplido con éxito la mayoría de los aspectos" que le fueron encomendados por los líderes europeos en diciembre de 2001. "Se ha creado una buena base", dicen, "para la próxima Conferencia Intergubernamental" porque ya existe un texto "claro y simple que contribuye a reforzar la eficacia, la legitimidad democrática y la transparencia" en la UE.

Acto seguido llegan los peros. En los asuntos institucionales, aseguran, los debates en la Convención "han evidenciado una amplia divergencia de puntos de vista y es ahí donde aún no existe consenso". Los quince firmantes quieren que los cambios que exigen se introduzcan en los próximos días, algo prácticamente imposible, o en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que se creará en otoño. Por eso, califican de "insatisfactorio" el resultado y proponen los siguientes cambios:

- Sistema de voto. Los firmantes dicen que "una significativa mayoría", que no detallan, sigue defendiendo el sistema de voto en el Consejo pactado en Niza, tal y como desea España. El proyecto constitucional señala que las decisiones por mayoría cualificada serán válidas cuando estén apoyadas por una mayoría de países que representen al menos al 60% de la población de la UE, una fórmula que beneficia a los países más poblados, con Alemania (82 millones de habitantes) a la cabeza, en perjuicio de los medianos y pequeños.

- La presidencia. Las presidencias de los distintos Consejos de Ministros, sostienen, deben ser cubiertas por los Estados "sobre la base de una estricta rotación igualitaria". El proyecto no lo aclara y dice simplemente que el Consejo Europeo adoptará unas reglas al respecto. Los pequeños temen verse relegados. Entre los agravios, se rechaza que el Consejo Europeo (reunión de líderes) se convierta en una institución de la UE junto al Parlamento o la Comisión. España, por ejemplo, sí apoya que sea una institución.

- Composición de la Comisión. Cinco gobiernos, señalan los firmantes sin decir cuáles, creen que debe seguir habiendo un comisario por país. El proyecto dice que a partir de 2009 habrá sólo 14 comisarios con derecho a voto y otros tantos sin él, aunque en esos años habrá al menos 27 países en el club, si bien se repartirán los puestos de forma rotatoria e igualitaria.

- Escaños en el Parlamento. El proyecto de Constitución señala que los países más pequeños de la Unión tendrán un mínimo de cuatro escaños de los 732 que tendrá la Eurocámara, aunque les correspondería menos en un reparto directo según su población. Los más pequeños quieren tener al menos cinco escaños.

También los representantes de la Eurocámara y de los parlamentos nacionales hicieron saber ayer sus puntos de discrepancia con el proyecto. Quieren que el presidente de la Comisión aumente su poder para mantener un mejor equilibrio frente al futuro presidente del Consejo Europeo que será elegido para un mandato de dos años y medio. El presidente de la Comisión, argumentan, debe tener la competencia de rechazar los candidatos que le ofrezcan los países para que seleccione su equipo de comisarios.

La Comisión, por su parte, ha exigido que se aumente el número de materias en las que desaparezca el derecho a veto. Por ejemplo, en fiscalidad, un límite infranqueable para Londres.

Pero la iniciativa más novedosa de los representantes del Parlamento Europeo fue aprobada anoche. El proyecto de Constitución incluirá una cláusula que permitirá que un millón de ciudadanos procedentes de al menos ocho países pueda exigir con sus firmas a la Comisión que lance un proyecto legislativo concreto, una fórmula similar a la prevista en varios países europeos, entre ellos España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de junio de 2003