El Gobierno aprueba el proyecto de ley que permite a los ayuntamientos sancionar las infracciones de consumo

El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión de ayer al proyecto de ley por el que se crea el Estatuto del Consumidor, una norma que cuando sea refrendada por el Parlamento sustituirá a la que se aprobó en 1981 y que con el paso del tiempo ha quedado obsoleta. La principal novedad del nuevo proyecto es que faculta a los ayuntamientos para que puedan sancionar las infracciones relacionadas con el consumo, algo que hasta el momento sólo es competencia del Gobierno vasco.

Hasta la fecha, la atención a los ciudadanos en los municipios se resuelve gracias a las oficinas municipales de información al consumidor y un sistema informático de la Dirección de Consumo del Gobierno que permite centralizar las denuncias y sugerencias. La nueva regulación otorga a las corporaciones que lo deseen plena capacidad de decisión y acción en este campo, pudiendo imponer sanciones leves y graves a los que no cumplan con lo estipulado.

Desde la aprobación del primer Estatuto del Consumidor se ha producido una nueva distribución competencial en la materia, se han desarrollado redes de organismos públicos y privados y han entrado en vigor diferentes directrices europeas. La amplia globalización de los mercados y la puesta en circulación del euro han hecho necesaria la adecuación del primer texto a las necesidades actuales, según explicó el portavoz del Gobierno y consejero de Consumo, Josu Jon Imaz.

"Los consumidores", añadió, "se enfrentan a nuevas situaciones y problemáticas que requieren soluciones". Imaz recalcó que la principal pretensión del proyecto de ley es incrementar el nivel de protección de los consumidores, así como exigir el cumplimiento de los niveles de calidad en los productos y servicios existentes en el mercado.

Sector audiovisual

El Gobierno también presentó el Libro Blanco del sector audiovisual en Euskadi, un documento elaborado por los departamentos de Cultura y de Industria que analiza la situación y propone una estrategia de futuro. De cara al desarrollo del sector plantea, a corto plazo, la creación de dos plataformas de impulso: la comisión interinstitucional del audiovisual vasco (CIVAL) y el cluster audiovisual.

Para una segunda fase se propone la creación de dos sociedades, una de producción industrial y otra de gestión de infraestructuras y servicios, de cara a potenciar la capacidad productiva y tractora del sector. Además, entre las propuestas también figura primar las ayudas sobre pocos, pero solventes, proyectos de cine y de televisión; mantener una línea especial de apoyo a los nuevos talentos; establecer precios de referencia que contribuyan a mejorar la transparencia y calidad y crear el registro de empresas audiovisuales.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizó unas ayudas por importe de tres millones de euros para las zonas que dependen de la pesca. El objetivo es promocionar actividades complementarias a la actividad pesquera, como reparar edificios históricos o crear pequeños museos.