La defensa de Trillo

El Ministerio de Defensa intentó ayer minimizar la importancia del informe del jefe del contingente español para Afganistán, teniente coronel Solar, sobre las condiciones en que se realizó, en enero pasado, el traslado de esas tropas. Ayer se supo que ese militar envió un segundo informe tras el regreso de una parte del contingente, días antes del accidente que el pasado día 26 costó la vida a 62 militares, entre ellos al autor de los dos escritos. Lo más inquietante es que entre ambos informes nadie investigó las irregularidades sobre las que alertaba. Aunque más grave sería que, efectivamente, como aseguró Trillo la semana pasada, no se "tuviera constancia" de las quejas.

Defensa puntualizaba ayer que el informe de enero no se refería a la seguridad, sino al "catering, películas a bordo y al tiempo de retraso en los repostajes del avión". El tono, además de desdeñoso para el autor del informe, es revelador de una cierta doblez, es decir, voluntad de ocultar sin que se note: aparte de que se sirviera la cena a las nueve de la mañana, que el avión tuviera que regresar a Lisboa para repostar o que no se contase con permiso para sobrevolar Turquía -factores que retrasaron la hora de llegada a después de la autorizada para aterrizar en Kabul- no son dos anécdotas sin importancia, sino factores de riesgo potencial que se unen a otros datos conocidos sobre las condiciones deficientes de algunos de los aviones.

El informe del teniente coronel solicitaba que, en adelante, el jefe del contingente conociera las condiciones exactas del contrato de transporte de tropa. Para no encontrarse, por ejemplo, con que 15 de las 18 plazas de clase preferente estuvieran ocupadas por "personal civil desconocido", como indicaba el teniente coronel. En su comparecencia de la semana pasada, el ministro Trillo aseguró que las únicas quejas recibidas se referían a "problemas de organización o repostaje", sin que exista constancia ninguna sobre "la seguridad de los vuelos". Es una afirmación demasiado sinuosa porque, aunque no hubiera denuncias específicas de inseguridad, los problemas organizativos o la falta de combustible en un traslado de militares son factores que sin duda afectan a la seguridad.

La estrategia del Gobierno, ya ensayada con el Prestige, consiste en plantear el debate en términos de si existe o no una responsabilidad directa de los gobernantes en el siniestro; de forma que si no se demuestra tal responsabilidad no hay responsabilidad alguna. La muerte de 62 militares es un hecho muy grave (el número de bajas norteamericanas en la guerra de Afganistán fue de 37) que obliga a dilucidar no sólo las causas inmediatas del accidente, sino si han existido factores evitables que han podido favorecer o hacer menos improbable esa desgracia. Nadie ha planteado otro tipo de responsabilidades, pero las derivadas de una gestión desastrosa no podrán esquivarse con restricciones mentales: hubo señales de alerta bien claras que no fueron atendidas.