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Condena simbólica a un médico holandés que aplicó la eutanasia sin consentimiento

Isabel Ferrer

Wilfred van Oijen, un médico de cabecera que aplicó en 1997 la eutanasia sin consentimiento previo a una paciente en coma, ha sido condenado ahora a una semana de prisión condicional por el Tribunal de Apelación de Amsterdam. Si bien los jueces consideraron que había cometido un asesinato desde el punto de vista "técnico", como sólo pretendía poner fin al sufrimiento de la enfema y no matarla con premeditación y alevosía, no irá a la cárcel. La decisión ha irritado a los fiscales, que piden mayor adecuación entre las penas previstas por la vigente ley de eutanasia y el Código Penal.

La paciente en cuestión agonizaba en su domicilio e incluso moverla para asearla hubiera comportado su muerte. A petición de los hijos, Van Oijen le inyectó un relajante muscular que le paró el corazón. Una decisión que él mismo calificaría luego de una ayuda a morir más próxima al acto médico que a la eutanasia.

Los fiscales lo vieron de otro modo. Para ellos, nadie puede saber el significado de los últimos momentos de una vida y la enferma no pidió acabar de ese modo. También distinguieron entre recetar una fuerte dosis de morfina, que comporte la muerte del paciente, pero pensada para aliviar sus dolores, que paralizar deliberadamente el corazón. La acusación recordó que Van Oijen ya había participado en otra eutanasia polémica en 1994, esa vez a instancias del finado y filmada para la televisión. El documental provocó numerosas críticas en el extranjero justo cuando se debatían en Holanda los límites legales de la eutanasia.

Pena de 12 años de cárcel

La decisión de los jueces de apelación de imponer una pena "simbólica" al médico ha reavivado el debate sobre la suerte que pueden correr en el futuro otros pacientes desahuciados pero incapaces de expresar sus deseos. Un estudio sobre la naturaleza de las eutanasias practicadas en Holanda recién presentado cifra en unos 900 los casos anuales de enfermos que perecen sin haberlo solicitado directamente. La ley de eutanasia penaliza dichos actos hasta con 12 años de cárcel. En la práctica, sin embargo, suele condonar al facultativo porque ha consultado con los parientes y con otros colegas, tal y como prevé la norma, y no actúa con ánimo de dañar al paciente.

Preocupada por el escaso margen de maniobra dejado al ministerio público para solicitar una sanción en casos dudosos de ayuda al suicidio, la Fiscalía General del Estado ha pedido mayor acomodación entre la ley que regula hoy la eutanasia en Holanda y el Código Penal. Los partidarios de decidir la propia muerte temen que ello suponga la negativa de los médicos a ayudarles y creen además que podría ser ocultada para evitar problemas. En la actualidad es preciso declararla a las comisiones municipales encargadas de remitir los expedientes conflictivos a los propios fiscales. Según un informe aparecido a finales de abril, por lo menos la mitad de las eutanasias no son notificadas a las autoridades por miedo a una condena.

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