Los fondos de Hobetuz peligran por la renuncia a las políticas activas

La formación continua, la que se ocupa del reciclaje de los trabajadores en activo, se encuentra un año más estancada en Euskadi. La singularidad de este ejercicio es que el nuevo modelo de formación continua, tras dos sentencias del Tribunal Constitucional, se debe descentralizar y pasar a manos autonómicas. El problema en Euskadi es que la formación continua es una parte de la polícas activas de empleo, competencia que el Gobierno vasco no quiere asumir. Esta negativa puede impedir, según fuentes sindicales, que Hobetuz reciba fondos de las cuotas de formación.

Hobetuz es la fundación vasca para la formación continua y los últimos años ha sido un centro más del desencuentro sindical en Euskadi. Las centrales nacionalistas y el Gobierno autónomo reclaman que la Forcem, la fundación que actúa en el conjunto de España, no opere en la comunidad autónoma y que todas las cuotas destinadas a la formación continua de los trabajadores vascos, que calculan ascienden a 39 millones de euros, sean gestionadas por Hobetuz. De hecho, la Forcem viene destinando más de 15 millones de euros a cursos de formación continua en el País Vasco. Sobre estas premisas y sobre el sistema de realizar la convocatorias de los cursos de formación continua ha girado el conflicto los últimos años.

Mientras las relaciones entre el PNV y el PP fueron buenas, el País Vasco recibió, gracias a un pacto entre los dos gobiernos, un plus de 21,04 millones de euros. Cuando las relaciones se torcieron dejó de llegar el dinero y Hobetuz hubo de conformarse con los fondos del Gobierno autónomo -ocho millones de euros-, del Fondo Social Europeo -nueve millones- y de las cuotas para formación continua del Inem -9,7 millones-. Esta última cantidad la asignaba la comisión tripartita que forman el Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales y la patronal CEOE.

Dos sentencias

Pero las cosas han cambiado considerablemente. Dos sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con Galicia y Cataluña han trastocado toda la visión de la formación conjunta en España. En definitiva, dichos fallos han establecido que esta materia corresponde a las comunidades autónomas que tengan asumida la transferencia de las políticas activas de empleo.

El modelo básico para el conjunto de España lo está diseñando el Gobierno central y parece que va establecer que en la formación de empresa, las que las compañías ofrecen a sus trabajadores de forma directa, no habrá convocatorias y la relación económica se establecerá directamente con la Tesorería de la Seguridad Social. La formación de oferta, la que se realiza mediante cursos abiertos a cualquier trabajador, se ajustará al llamado catálogo modular de formación, algo que obligará a los centros propios de sindicatos y patronal a adaptarse.

La convocatoria de Hobetuz del pasado año alcanzó a casi 25.000 trabajadores y este año se halla todo en el aire. Los sindicatos nacionalistas (ELA y LAB) apuestan por reclamar las cuotas de formación del Inem íntegras, y en caso contrario que se descuenten del Cupo, y por crear un modelo propio. El patronato de Hobetuz no va a ir tan lejos y en la reunión que tiene prevista hoy acordará el envío de un carta al Ministerio de Trabajo para solicitar íntegras las cuotas de los trabajadores vascos a través de un convenio. La idea de un acuerdo con la Administración central parte del viceconsejero de Formación Profesional, que preside por turno el patronato.

Con este panorama, las cosas no son fáciles para Hobetuz que debe adaptarse al nuevo modelo de formación continua y no tiene los mimbres para hacerlo. Las políticas activas que no acepta el Gobierno vasco son la formación ocupacional y el Inem, los servicios de empleo. Las políticas pasivas, que son las que reclama el Ejecutivo vasco para aceptar las activas, son, esencialmente, el dinero de las cuotas de los trabajadores. El Gobierno central y los sindicatos no nacionalistas (UGT y CC OO) mantienen que su transferencia supondría la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Hobetuz podría seguir existiendo sin un acuerdo, pero casi con toda probabilidad no recibiría fondos de las cuotas de formación y el Ejecutivo central debería establecer un mecanismo que gestionara la formación continua en aquellas comunidades autónomas que no tengan asumida la competencia.