Trasvase sin CiU

El Gobierno ha decidido sacar a información pública el informe sobre el impacto ambiental del trasvase del Ebro sin contar con el beneplácito de CiU, su principal aliado en la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. A la hora de iniciar la ejecución del plan, el Gobierno ha querido imponer su criterio, sin importarle la opinión de quien, en su día, le ayudó a dar a su polémica iniciativa una base parlamentaria con que enmascarar la imposición de la mayoría absoluta o "el paseo militar" que anunció el ministro Arias Cañete a un grupo de agricultores murcianos.

La defensa del delta del Ebro constituye el obstáculo que dificulta el entendimento de dos antiguos aliados en la puesta en práctica del plan que ha de llevar 1.050 hectómetros cúbicos de agua de ese río a las zonas secas del Levante español, incluidos 190 hectómetros cúbicos para las necesidades del área metropolitana de Barcelona. CiU considera que sacar a información pública el informe sobre el impacto ambiental del trasvase sin decidir antes el caudal ecológico del Ebro, necesario para garantizar la protección de su delta, rompe el inicial consenso y supone "empezar la casa por la ventana". Y en esto se acerca a los puntos de vista del PSOE, mucho más radicales, no sólo por la forma en que fue aprobado el Plan Hidrológico en el Parlamento, con rechazo total de las 400 emmiendas presentadas por los grupos de la oposición, sino por considerarlo " un plan insostenible en su diseño y en su tramitación". Los socialistas también consideran que la previa definición del caudal ecológico del Ebro no es una cuestión baladí: condiciona la viabilidad del trasvase. Si, como defiende CiU, ese caudal mínimo debe alcanzar los 135 metros cúbicos por segundo para garantizar la protección del delta, en lugar de los 100 inicialmente previstos en el Plan Hidrológico, el trasvase podría verse seriamente afectado no sólo en la cantidad de agua trasvasable, sino en el coste de las infraestructuras.

El caso es que el Gobierno ha decidido seguir adelante dejando de momento en la retaguardia la aprobación del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, una cuestión que en principio debería haber quedado resuelta antes de sacar a información pública el informe del impacto ambiental de los 914 kilómetros de conducciones -incluidos túneles, acueductos y embalses- que se necesitarán para llevar el agua trasvasada a sus diversos puntos de destino entre Barcelona y Almería. Pero con esa actitud el Gobierno no hace sino quedarse un poco más solo en un asunto que habría necesitado el mayor consenso en el momento de su aprobación parlamentaria y que lo necesitaría aún más durante el largo y complicado proceso de su ejecución. El aplazamiento de la aprobación del Plan Integral de Proteccion del Delta por falta de acuerdo con el Gobierno de la Generalitat en la determinación del caudal ecológico del Ebro alimentará un nuevo foco de oposición al trasvase en Cataluña. No es lo más grave para el Gobierno. Lo será que esa situación pueda dañar la viabilidad y credibilidad del trasvase a los ojos de Bruselas y dificulte su deseada financiación con fondos europeos.