Modernización municipal

El proyecto de Ley de Modernización del Gobierno Local aprobado ayer por el Consejo de Ministros quizás no responda a las expectativas creadas por la anunciada Ley de Grandes Ciudades- en realidad, se trata de una mezcla de disposiciones sobre estas últimas, a partir de 250.000 habitantes, y sobre la generalidad de los municipios-, pero tiene la virtud de haber sido consensuado con el PSOE y contar con el apoyo de otras fuerzas políticas en una buena parte de su contenido. Globalmente, constituye un paso importante en la modernización de un modelo de gobierno municipal que daba muestras de agotamiento y sin capacidad legal y presupuestaria para resolver los problemas más urgentes e inmediatos del ciudadano.

En cambio, no hay consenso todavía sobre el estatuto municipal singular que reclaman Madrid y Barcelona. La primera quiere una ley de capitalidad que reconozca su condición de capital del Estado y la segunda demanda la aprobación estatal de una Carta Municipal -conjunto de medidas especiales que dota de más competencias a su gobierno local- que ya cuenta con el aval del Consistorio barcelonés y del Parlamento catalán. Estas dos leyes específicas para las dos mayores ciudades españolas siguen pendientes. Su desarrollo dependerá, sin duda, del proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor se prevé para finales de año.

La nueva norma sólo es un punto de partida en la modernización de un poder público que en términos de inversión, recursos humanos y participación en el gasto público tiene una representación incontestable e influye decisivamente en la vida de los ciudadanos. Pero va en la buena dirección. Entre otras cosas, había que acabar con la incongruencia que supone un "uniformismo legal" que no distingue entre municipios pequeños y ciudades de varios cientos o millones de habitantes. Y había que abrir sobre todo vías de participación en el poder local, en especial en las grandes ciudades, como hace la nueva ley, al permitir que las juntas municipales de gobierno estén también integradas por ciudadanos sin mandato de concejal electo.