Cuatro empresas firman con la SEPI negociar el futuro de Babcock Borsig

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha firmado ya el acuerdo de confidencialidad y negocia con cuatro empresas la venta de Babcock Borsig España. La segunda privatización del fabricante vasco de bienes de equipo está ya en marcha y las ofertas se entregarán a la SEPI a finales de este mes. Los trabajadores esperan con cautela su última oportunidad y se preparan para una nueva reestructuración.

Las cuatro empresas que han firmado el acuerdo de confidencialidad son Construcciones Navales de Odiel, la noruega Enviroarc, un grupo de empresarios de Bilbao y una filial de la constructora ACS. La primera firma tiene un plan industrial que pasaría por contar reducir la plantilla de 330 trabajadores y no asumir dos filiales: Isotron y Babcock Montajes. Precisamente, la filial de ACS ha firmado esta semana con la SEPI una acuerdo de confidencialidad para estudiar la posibilidad de hacerse con estas dos filiales. Así, ambas ofertas son compatibles. Desde el principio, en la quinielas sindicales Construcciones Navales del Odiel es la mejor colocada.

La tercera opción es la de un grupo formado por antiguos directivos de la ya desaparecida Mecánica de la Peña, Daniel Salazar y José Luis Elgoibar. Estos dos ejecutivos arrastran a un grupo de empresarios vascos. Por último, está la noruega Enviroarc, dirigida por el antiguo presidente de Kvaerner, Erik Tonseth, cuando esta empresa pujaba por Babcock y estaba en el capital de Mecánica de la Peña. La crisis de Kvaerner forzó su dimisión.

Más dinero

En pura teoría, la actual venta corresponde a la alemana Babcock Borsig, propietaria de firma de Galindo tras su privatización. Dado que Borsig, que suspendió pagos el pasado 5 de julio con un pasivo de 800 millones de euros, no aporta soluciones, es la SEPI la que se ha convertido en el último responsable para los trabajadores. Así, será la sociedad estatal quien decida qué va a pasar con la firma vizcaína.

La nueva compraventa, según fuentes sindicales, precisaría una nueva inyección de dinero público. El acuerdo de privatización, por el que se mantuvieron 673 trabajadores de los 1.100 empleados que tenía en octubre de 2001, le costó al Estado 1.274 millones de euros, incluyendo las pérdidas de los últimos cinco años y las aportaciones de dinero público directas al proceso. Una nueva entrada de dinero público puede suponer la apertura de un nuevo expediente por parte de la Comisión Europea.

En todo caso, los sindicatos saben ya que una nueva venta va a arrastrar un reducción de personal. En la fábrica de Galindo ya se hacen cuentas sobre quiénes serán los siguientes en prejubilarse. Lo más probable es que afecte a los nacidos en los años 1950, 1951 y 1952. Los sindicatos quieren que la restructuración vaya ligada a un rejuvenecimiento de la plantilla y a bajas incentivadas. Además, condicionan la reestructuración al establecimiento de unas garantías financieras de tres años y el mantenimiento del empleo durante otros cinco años.