Aragón emprende acciones legales contra el trasvase del Ebro

El Gobierno de Aragón decidió ayer emprender todas las acciones legales para recurrir el anteproyecto del trazado de trasvase del Ebro y alegar contra el estudio de impacto ambiental, presentado el lunes por la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. El Ejecutivo decidió destinar un millón de euros para acometer esas actuaciones y para facilitar a numerosas entidades información que les permita presentar alegaciones.

El Ejecutivo aragonés decidió dedicar esa importante cifra de dinero para financiar diversas iniciativas de oposición al Plan Hidrológico Nacional (PHN), entre las que se encuentra la posibilidad, anunciada por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, de poner a disposición de numerosas entidades y asociaciones "una documentación voluminosa y densa para que puedan alegar y, si lo consideran oportuno, reunir de forma conjunta con nosotros esas alegaciones".

El Gobierno de Aragón entiende que ésa es la única forma de que muchos colectivos puedan acceder a una documentación "de 30 tomos y 1.200 planos, que está depositada en la Confederación Hidrográfica del Ebro, para que se pueda alegar hasta el próximo día 2 de agosto".

El Gobierno en funciones, formado por el PSOE y el Partido Aragonés, ha criticado además muy duramente la "inoportunidad" de una presentación que, en expresión del vicepresidente del Ejecutivo y portavoz, José Ángel Biel, se "hace de tapadillo, en tiempos de interinidad de los gobiernos autónomos, cuando se acaban de celebrar las elecciones".

A pesar del anuncio hecho por el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, de que las obras para el trasvase del Ebro podrían iniciarse en el primer semestre de 2004, ni Boné ni Biel creen que sea posible. "No está aprobado el Plan integral del Delta y sin ese plan no hay proyecto. No está definido el caudal ecológico, y si se modifica hay que volver a rehacer todo el proyecto", adujeron.

Ambos advirtieron además del riesgo que supone un trasvase de agua que puede conllevar la difusión de una plaga de mejillón cebra, "contra la que luchamos en el delta y en el tramo bajo del Ebro, y que puede trasladarse a Levante", según resaltó el consejero de Medio Ambiente. En cualquier caso, el Gobierno formado por PSOE y Par, se siente legitimado para recurrir, pese a dos sentencias de la Audiencia Nacional que rechazaron sendos recursos anteriores. "Nuestra comunidad está perjudicada por el trasvase, y hay un hecho que vale para todas las ocasiones y es indiscutible: es el principio de unidad de cuenca. El trasvase afecta a la Cuenca del Ebro y a su medio ambiente. Y eso, se tome el agua de donde se tome", manifestó el consejero de Medio Ambiente.

Por otro lado, la dirección del PSOE aragonés, a través de su portavoz de Medio Ambiente en el Congreso, Víctor Morlán, acusó a la ministra Elvira Rodríguez de mentir por decir que el Plan Hidrológico Nacional se hizo con consenso social. "El Partido Popular ha aprobado un Plan que genera confrontación territorial y social", señaló. El portavoz del Gobierno aragonés anunció que le enviarán a la ministra de Medio Ambiente una foto aérea de la localidad de Castejón de Monegros -"un secano donde no se riega nada pese a tener el canal al lado"- para que no insista en que sólo se oponen al trasvase quienes desconocen las carencias de agua.