La Fiscalía de Granada, desalentada por el archivo de causas por accidente laboral

La Fiscalía de Granada se encuentra "desmoralizada" porque los esfuerzos para impedir el archivo de las causas abiertas por accidentes laborales no han tenido éxito. En la mayoría de los casos ha sido la persona perjudicada la que ha entorpecido la investigación para impedir la hipotética pérdida de derechos laborales. Según consta en la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el año pasado todos los recursos interpuestos en Granada contra los autos de archivos fueron rechazados.

La Fiscalía se había propuesto acabar con una "práctica judicial tan extendida como rutinaria", el archivo de casi automático de las diligencias previas incoadas por accidente laboral. El ministerio público se propuso que, al margen del parte médico de lesiones extendidos por los facultativos, la investigación judicial aclarara, a través de un informe de la Policía Judicial, las causas reales de los siniestros laborales.

Sin embargo, los resultados han sido desalentadores, en la mayoría de los casos, porque el trabajador accidentado quiere "evitar las consecuencias negativas que de su reclamación ante los órganos jurisdiccionales pueda derivarse en su relación con el empresario" o "porque ha sido previamente indemnizado en el ámbito privado".

En otras ocasiones la resistencia del trabajador a continuar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias viene motivada porque su relación laboral no está debidamente regularizada. Así, en gran número de casos, el perjudicado "no sólo renuncia al ejercicio de la acción legal que le pueda corresponder sino que entorpece el curso de la investigación al negar incluso las circunstancias reales que rodean el hecho lesivo".

Recursos infructuosos

Durante el año pasado le memoria admite que no existió un solo caso en que el recurso del fiscal fuera fructífero y lograra la continuación de las diligencias previas y su posterior transformación en un procedimiento abreviado o en un juicio de faltas.

El resultado contrasta con los afanes de la fiscal encargada del servicio de Siniestralidad Laboral de Granada, Emilia Rancaño Martínez, para que todas las imprudencias de orden laboral con resultado de muerte o de lesiones, al margen de su gravedad, dieran lugar a la incoación de diligencias previas.

La Fiscalía reconoce en la memoria la dificultad que entraña la calificación de los accidentes laborales. En bastantes casos, la Fiscalía apreció "el concurso ideal entre el delito de riesgo y el delito imprudente. No obstante, lo más dificultoso fue mantener la calificación de delito de riesgo sobre los accidentes. Las pocas diligencias que se han tramitado porque el empresario no había adoptado las medidas de protección exigibles han culminado en el archivo "por la ausencia de pruebas suficientes para calificar los hechos, decisiones en las que ha incidido igualmente la negligencia concurrente del trabajador".

En todos los casos de archivo o sobreseimiento instó al juzgado para que remitiera un testimonio de la resolución a la autoridad laboral. La Fiscalía, en su afán de no dejar impunes las responsabilidades en los accidentes de trabajo, ha mantenido un estrecho contacto con la Inspección de Trabajo y ha propuesto incorporar a las reuniones periódicas con la autoridad laboral y la Policía Judicial a los responsables sanitarios después de observar cómo el año pasado se suprimieron en los partes médicos "las escasas referencias que éstos hacían cuando el accidente se había producido en el ámbito de las relaciones laborales".

Este punto es, ajuicio de la Fiscalía, especialmente importante ya que el 90% de las causas se incoa a partir de un informe hospitalario en el que sólo consta que el accidente se ha producido en el ámbito laboral, la gravedad inicial de las lesiones y el lugar donde ha quedado ingresado el operario. Tales partes no tienen ninguna cualidad probatoria ni impide que el procedimiento acabe en archivo.