El Consejo de Estado cuestiona las "actas de acuerdo" de la nueva Ley Tributaria

El Consejo de Estado cuestiona los planes de Hacienda para reducir la conflictividad en materia de impuestos, como prevé la nueva Ley General Tributaria. El dictamen del Consejo de Estado alerta sobre la nueva figura del "acta de acuerdo", que contempla la posibilidad de que Hacienda y el contribuyente lleguen a un acuerdo sobre cómo aplicar la norma sin necesidad de acudir a los tribunales. El acuerdo reduciría la sanción hasta en un 50%. El Consejo señala que esta figura puede tener "dificultades de orden constitucional". El Gobierno aprobará, probablemente hoy, la nueva ley.

El Consejo de Estado "no objeta la posibilidad y oportunidad de introducir esta figura [de las actas de acuerdo]", según el dictamen remitido al Ministerio de Hacienda. Pero la forma "deficiente" en que se ha redactado el artículo 155 que las contempla y los "imprecisos y oscuros" supuestos a los que se aplicaría "aconseja no abrir más las posibilidades de la nueva figura hasta que puedan observarse los efectos de su introducción". Además, el organismo alerta de que la nueva figura, uno de los puntales de la ley que ha de sustituir a la que está en vigor desde 1963, "puede tener dificultades de orden constitucional en la medida en que se limita la revisión jurisdiccional de estas actas".

Al margen de las críticas a las actas de acuerdo, el dictamen sobre el anteproyecto de Ley General Tributaria critica también la nueva distinción que se introduce entre sanciones leves, graves y muy graves (en la ley vigente sólo se distingue entre grave y leve). En opinión del Consejo, "la regulación proyectada resulta excesivamente compleja".

Tampoco está de acuerdo el Consejo en la forma en que el anteproyecto recoge determinados conceptos novedosos, como por ejemplo el de "abuso" de ley (distinto al concepto tradicional de fraude de ley), que trata de cegar aquellas situaciones que bordean la legalidad y que llegan al fraude fiscal.

Amplio abuso

El anteproyecto define la figura del "abuso" como la elusión "total o parcial" del hecho imponible o su minoración con actos o negocios "artificiosos" o "que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios".

Para el Consejo de Estado, el anteproyecto recoge en este punto "conceptos jurídicos indeterminados, que dejan un margen de apreciación demasiado amplio e impreciso", todo ello con una redacción que no es "feliz ni clara", lo que podría "dar lugar a calificar como abuso cualquier economía de opción, lo que no resulta adecuado". El organismo recuerda que, con frecuencia, los contribuyentes "huyen" de forma "legítima" y "justificada" a países comunitarios con menor fiscalidad y concluye que, de ser aprobado el anteproyecto, "podría dar lugar a que todos estos supuestos fuesen calificados como supuestos de abuso, lo cual no se corresponde con el objetivo que teóricamente persigue esta figura, que es la eliminación del fraude sofisticado".

La nueva Ley General Tributaria persigue, según ha señalado el Ministerio de Hacienda, avanzar en la lucha contra el fraude, disminuir la litigiosidad entre la Administración y los administrados (de ahí la introducción de la figura de las actas de acuerdo) y asumir los cambios tecnológicos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para la redacción del anteproyecto se ha consultado a organismos diversos, comunidades autónomas y expertos. Éstos recomendaron a Hacienda actuar en cuatro ejes: reforzar las garantías del contribuyente, modernizar los procedimientos tributarios, mejorar la lucha contra el fraude y reducir el recurso a los tribunales ordinarios de justicia, ya que, sólo en los tributos que gestiona el Estado se producen cada año alrededor de 200.000 litigios.

Por otra parte, Hacienda informó ayer de que la deuda tributaria liquidada el año pasado ascendió a 3.702 millones, lo que supone un incremento del 24% respecto a 2001. Según la memoria de la Agencia Tributaria de 2002, la actuación inspectora afectó a 37.231 contribuyentes, mientras que las actas levantadas fueron 86.927, lo que implica respectivos aumentos del 8,1% y del 4,5%.

Asimismo, la Agencia Tributaria tramitó el año pasado 975 expedientes de delito fiscal, 22 de delito contable, 51 de otros ilícitos penales y 20 expedientes de fraude de ley.