Chávez firma un acuerdo con una parte de la oposición de Venezuela
El Gobierno venezolano y algunas de las principales fuerzas de la oposición se preparan para firmar hoy un acuerdo que le dará base político al referéndum sobre el mandato del presidente Hugo Chávez, consulta que será posible a partir de agosto de este año. La Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) y el socialdemócrata Acción Democrática (AD) -el principal partido de la alianza opositora-, así como los representantes de los 18.000 trabajadores de la industria petrolera despedidos por secundar la reciente huelga general, manifestaron ayer su rechazo al acuerdo.
El entendimiento es el fruto de más de seis meses de avances y retrocesos en la Mesa de Negociación y Acuerdos que ha coordinado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria. El pacto intenta restablecer un clima mínimo de tolerancia entre los dos bandos en los que se encuentra dividida la sociedad venezolana frente al proyecto de revolución que intenta implantar Chávez desde 1999.
La Coordinadora Democrática, compuesta por un espectro de partidos, gremios empresariales, sindicatos y organizaciones civiles de los más diversos signos políticos y coaligada únicamente por su aversión a Chávez, logra con este acuerdo abrir camino hacia el referéndum. Sin embargo, es apenas el comienzo de ese sendero, pues tendrán que validar más de un millón de firmas solicitando la consulta y, al realizarse ésta, obtener una cantidad de apoyos superior a los 3.700.000 votos que acumuló Chávez en 2000, cuando fue elegido por seis años.
El Gobierno, por su parte, se siente victorioso con la firma del acuerdo, pues prácticamente se ha asumido la tesis de Chávez acerca de la salida a una crisis política que tuvo su episodio más agudo en abril de 2002, cuando el Gobierno constitucional fue depuesto y sustituido brevemente por un presidente autoproclamado, el empresario Pedro Carmona Estanga.
Chávez viene planteando desde agosto del año pasado que la solución al enconado conflicto no era otra que la contenida en la Constitución de 1999, que contempla la posibilidad de que cualquier funcionario público electo sea sometido a referéndum revocatorio al cumplirse la mitad de su periodo. En el caso de Chávez, cuyo mandato vence en 2006, ese plazo se cumple el 19 de agosto.
Las negociaciones en la Mesa de Acuerdos de la OEA se iniciaron en noviembre de 2002, pero rápidamente entraron en su primera crisis cuando la Coordinadora declaró el paro general indefinido, considerado por el Gobierno como un nuevo intento de derrocamiento. Durante la huelga, las conversaciones continuaron, pero en un clima muy áspero, especialmente después de que un hombre, presuntamente vinculado al Gobierno, abriera fuego indiscriminadamente contra personas que se encontraban en la plaza de Altamira, bastión de los militares rebeldes y de la oposición radical, matando a tres personas e hiriendo a varias decenas.
La huelga general, cuyo eje era la industria petrolera, terminó en derrota para la oposición, que después de dos meses debió levantarla. El Gobierno se fortaleció al despedir de la casa matriz Petróleos de Venezuela a 17.000 empleados y colocar en los cargos clave a personal de su confianza. Debilitada, la oposición no ha sido capaz, desde febrero, de realizar ninguna movilización callejera comparable con las que convocó en 2002 y, por lo demás, han comenzado a surgir fisuras relacionadas con las aspiraciones de diversos dirigentes de llegar a la presidencia, partiendo del supuesto de que Chávez será revocado. Por un lado ha asomado su candidatura el socialcristiano Enrique Mendoza, gobernador del capitalino Estado de Miranda, mientras que otro democristiano, el ex gobernador de Carabobo Henrique Salas Römer, ya está formalmente en el ruedo. Paralelamente, el socialdemócrata Acción Democrática ha comenzado a realizar movilizaciones propias, como el intento de "reconquista del oeste" caraqueño, del sábado, que dejó un saldo de un muerto y varios heridos.
Por otra parte, la hoguera política venezolana ha encontrado más leña con el reciente proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, un intento de regular los contenidos de sexo y violencia en esos medios, al que sus adversarios han rebautizado como Ley Mordaza. La propuesta legal está a punto de ser aprobada por la unicameral Asamblea Nacional, mientras la Coordinadora Democrática, los empresarios de medios masivos y emblemáticos periodistas despliegan una virulenta campaña para convencer a la mayoría de que no es más que un mecanismo de censura previa.
El presidente de la entidad promotora de la ley, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, dijo que los temores cederán cuando la ley entre en vigencia y no se cumplan los pronósticos de sus detractores. "Una periodista llegó al extremo de decir que, si se aprueba la ley, ella no podrá escribir más su columna. La verdad es que esta ley no tiene nada que ver con la prensa escrita. Ésa es una prueba de que mienten y exageran", comentó Chacón. La oposición ha anunciado una gigantesca marcha en contra de la legislación la próxima semana.
