Guatemala, Salvador y Nicaragua investigan la venta de sus censos

"La mayor información posible para estos tiempos de inseguridad". Con este reclamo publicitario se ofrecía en su ciberpágina la empresa guatemalteca Infornet, dedicada a la recopilación y comercialización de datos personales, mercantiles y judiciales en Centroamérica. Las Fiscalías de Guatemala, El Salvador y Nicaragua la investigan por la presunta venta de información privada de unos 18 millones de personas.

¿De dónde salió la información? ¿Se vendió a agencias federales de Estados Unidos? ¿Con qué fines? Estas tres preguntas continúan sin respuesta. La Fiscalía de Guatemala se incautó de los bienes y el equipo informático que Infornet poseía en su sede central de la capital guatemalteca. Lo hizo después de que el periódico Siglo XXI denunciara la venta de datos y la Procuraduría de Derechos Humanos presentara una denuncia. La Fiscalía General de Managua hizo lo propio en la delegación de Nicaragua, tras una información similar en La Prensa.

Infornet operaba con una sede central en Guatemala y dos delegaciones en Managua y en San Salvador. La empresa recopilaba información sobre números de identificación fiscal, de documento de identidad, antecedentes policiales o financieros, de todo tipo de personas, incluidos relevantes políticos, magistrados y ex presidentes centroamericanos. La empresa disponía de datos del 90% de los 12 millones de habitantes de Guatemala y de cuatro de los seis millones de salvadoreños, que eran enviados a la oficina central, según su propia ciberpágina.

Información pública

Cualquiera podía acceder a la información de la base de datos con sólo suscribirse por un módico precio. "La información de que disponemos es general y pública", dijo la abogada de la empresa Verónica Nájera. "El problema es que no hay una disposición legal que regule la protección de datos", afirma Fernando Arguello, abogado salvadoreño y experto en el asunto. La información que ofrecen los registros y los tribunales es pública, y ningún país centroamericano cuenta con una ley específica. Por ello la investigación se basa en la violación del derecho a la intimidad.

Otro de los interrogantes es saber si los datos fueron vendidos desde alguna institución pública o privada o por algún funcionario. En El Salvador, la Procuraduría de Derechos Humanos ha iniciado una investigación para determinar cómo se obtuvo la información. La tercera incógnita es averiguar si Infornet vendió los datos a la empresa estadounidense Choice Point -involucrada en el caso de la compra y venta del censo de México-, y si ésta a su vez la revendió a agencias federales de EE UU.

Catherine Jarvis, consejera para Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, dice desconocer si su Gobierno dispone de información de latinoamericanos, aunque "siempre están tratando, de manera permanente, de conseguir información sobre terrorismo y actividades criminales", dice Jarvis.

Choice Point dispone de una base de datos de millones de personas y empresas nacionales y extranjeras, que revende a grandes compañías y agencias federales de Estados Unidos, como el Departamento de Seguridad Interior o el Servicio de Inmigración. Esta empresa compró el padrón mexicano y dispone de información de personas de otros países, como Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica y Honduras.