El reparto del poder se retrasa por graves discrepancias

Europa tropieza de nuevo con la misma piedra, el reparto del poder, como ya ocurrió en las negociaciones del Tratado de Amsterdam (1997) y Niza (2000). El peso de cada Estado al votar en el Consejo de la Unión, la fuerza de los gobiernos ante la Comisión o las rencillas entre Estados grandes y pequeños han aconsejado al Presídium de la Convención aparcar el capítulo institucional de la Constitución para debatirlo de nuevo esta semana. La designación de un presidente de la UE por cinco años o dos años y medio prorrogables en lugar del turno semestral actual, como quieren los grandes, es el punto más conflictivo, por el rechazo frontal de los pequeños, los candidatos y la Comisión Europea.

Se trata del mismo grupo que se opone, de entrada, a que el Consejo Europeo (las cumbres o reuniones de líderes) se convierta en una institución más de la Unión, junto a la Comisión o el Parlamento. O a que la Comisión, como también propone el borrador del Presídium, esté integrada por 15 comisarios, más otros comisarios delegados sin cartera, en lugar de un comisario por país, como ha venido ocurriendo.

Por el contrario, son algunos de los grandes, en este caso Reino Unido y España, los que se oponen a que el ministro de Exteriores pueda presidir el Consejo de Asuntos Exteriores. Como se niegan también a crear un específico Consejo Legislativo, que a modo de segunda cámara, al estilo federal, se encargue de colegislar con la Eurocámara, que es en todo este proceso la institución que más poder gana.

En cuanto a las decisiones, el texto indica que se tomarán por una mayoría de Estados que represente al menos al 60% de la población de la UE. La fórmula beneficia a los países grandes, echa por tierra las arduas y complejas negociaciones del Tratado de Niza y subleva a Estados medio-grandes como España y Polonia.