Las demandas de la enseñanza concertada

Padres movilizados porque sus hijos no han conseguido plaza en el centro concertado escogido; denuncias de las patronales titulares de los colegios contra la política "dictatorial" que ejerce la Junta al no permitirles responder a la cada vez mayor demanda de plazas que tienen con una nueva revisión de los convenios; denuncias de fraudes y peticiones de que se modifique el actual sistema de escolarización. Todas estas circunstancias concurren cada año durante el proceso de escolarización y parte de ellas incluso llega a solventarse en los tribunales.

Este año, no obstante, la tradicional batalla de la concertada no ha alcanzado los niveles en los que se movió hace dos cursos, cuando hasta los obispos de la comunidad tomaron parte en el enfrentamiento que un grupo de centros encabezó contra la Junta.

Los afectados exigen que se apliquen los criterios de escolarización de la LOCE

Hasta el momento, sólo en las capitales de Sevilla y Jaén -los centros Salesianos de Triana, Claret y Miguel Castillejo, respectivamente- se han registrado movilizaciones de padres de alumnos. Estos denuncian la intransigencia de la Consejería de Educación por negarse a revisar lo recogido en el Acuerdo de Bases Hacia un Pacto por la Educación de 1997 y por negarse a aplicar los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), algo que, aseguran, está afectando a su derecho constitucional de poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, al no contar con plazas suficientes en los centros concertados que han escogido.

Este acuerdo de 1997, suscrito por el ex consejero Manuel Pezzi y CC OO y UGT primero, y al que posteriormente se sumaron las patronales de la enseñanza concertada FERE, CECE, SAFA y el sindicato FSIE, establecía que la proporción de conciertos educativos respecto a la enseñanza pública sería aproximadamente de un 20%, porcentaje que, "decimal arriba o abajo, se ha cumplido cada curso desde la firma de dicho convenio, garantizándose los conciertos acordados", afirma Manuel Alcaide, director general de Planificación y Ordenación Educativa.

Afirmación de la que discrepa Virgilio Rojo, representante de la FERE, que critica que Educación continúe empleando los criterios de escolarización que existían antes de la aprobación de la LOCE, que asegura son causa, en buena medida, de los problemas que cada año se producen.

Ley de Calidad

Rojo considera que si Educación aplicase lo rocogido en la LOCE y cediera en aspectos como aumentar la ratio (número de alumnos por aula; 25 en primaria y 30 en secundaria) en los casos en los que la demanda supera la oferta de plazas, muchos de estos problemas no se darían. "La LOCE recoge que se dé un punto más en la baremación de solicitud a las familias numerosas y a aquellas en las que exista un miembro con discapacidad, aunque no sea el menor a escolarizar. Esto desharía muchos de los empates que se producen entre las solicitudes y evitaría que se tuviese que recurrir al sorteo, que nos parece un método poco equitativo", explica.

Actualmente, son tres los criterios básicos que se emplean en caso de que la demanda supere la oferta: cercanía del domicilio familiar o del lugar de trabajo de los padres; existencia de algún hermano en el centro y renta de la unidad familiar. Si hay empate, entonces se recurre al sorteo.

El representante de la FERE señala, por último, que la Junta, al no aplicar la LOCE, puede estar vulnerando el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos. "La Ley de Calidad, en su espíritu, si bien aún no está desarrollado el decreto, establece que la Administración ha de garantizar no sólo la escolarización obligatoria, sino también en caso de que exista demanda social".

A este respecto, Manuel Alcaide sostiene que este derecho al que se refiere Rojo "no es un derecho absoluto, sino compatible con la capacidad de la Administración para gestionar los recursos de los que dispone". El director general de Planificación recuerda que existen varias sentencias del TSJA que, apoyándose en artículos de la Constitución, exponen que la Administración tiene potestad de gestionar sus recursos y que inciden en que ésta ha de evitar aquellos gastos "que puedan ser evitables".

En cuanto a la no aplicación de los criterios de escolarización incluidos en la LOCE, Alcaide asegura que existe una disposición transitoria que permite a las autonomías mantener los vigentes hasta que se desarrolle la LOCE.

Sobre el aumento de la ratio donde la demanda supere la oferta de puestos escolares, Alcaide apunta que esta medida ya se aplica en determinados casos. "Ante la presión de la demanda, da igual que sea un centro concertado que público, la ratio se incrementa en el mínimo para garantizar la calidad de la enseñanza. Lo que no vamos a hacer es crear más aulas si en la misma zona donde se da esta demanda existen puestos públicos vacantes", indica.

Estas explicaciones, sin embargo, no convencen a los padres afectados. Así, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Fecapa) ha solicitado la intervención de la Alta Inspección del Estado para que la Junta aplique los nuevos criterios de escolarización recogidos en la LOCE.