"La ley fantasma"

A la Ley sobre las Cualificaciones y la Formación Profesional la empiezan a llamar en algunos institutos de secundaria la "ley fantasma". Desde su aprobación en junio de 2002 por el Congreso no se ha desarrollado ninguna de las medidas que establecía. Según los profesionales de FP, todo está parado.

"A pesar de que fue una ley que se elaboró con cierto consenso, hay desmoralización por parte de los centros porque todavía no se ha llevado nada a la práctica", señala el secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE]), Manuel de Castro. Y el ex director de Formación Profesional con el PSOE y profesor de Psicología Social Asís Blas Aritio añade: "No se ha hecho nada porque al Gobierno del PP no le interesa en absoluto la FP. Se vive de las rentas de lo que estableció la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo".

El Pleno del Consejo General de Formación Profesional (integrado por el Gobierno, representantes de las comunidades, los sindicatos y las empresas) se reunirá el próximo jueves 29 de mayo para tratar el desarrollo de la Ley de FP. En él se presentarán los primeros reales decretos, entre ellos, el catálogo de cualificaciones. Este catálogo, que definirá los títulos y su contenido, debe estar adaptado a las directivas europeas y fue muy criticado por las comunidades autónomas su falta de partipación en su elaboración, lo que consideraron "una clara invasión de sus competencias", porque dicen que son ellas las que conocen mejor las necesidades profesionales de cada región de España.

Las comunidades socialistas, Cataluña y el País Vasco también denunciaron que la ley "invade sus competencias" porque crea una "red de centros de referencia nacionales del Ministerio de Educación cuando las competencias están transferidas a las comunidades". De hecho, el Tribunal Constitucional admitió a trámite en septiembre pasado el recurso de constitucional presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña por entender que varios artículos invadían competencias autonómicas.

Una de las principales novedades que introduce la Ley de FP (elaborada por los ministerios de Educación, Trabajo y Asuntos Sociales) es la integración de las tres FP (la reglada, que se enseña ahora en los institutos de secundaria; la ocupacional, para parados, y la continua, para personas que trabajan). Esto supone que los tres subsistemas de la FP podrán compartir recursos, tanto de profesorado como de instalaciones. "Es un drama que ahora los centros que imparten FP reglada sigan cerrándose a las tres de la tarde y que no se optimice el profesorado y el equipamiento público de estos centros para la continua y la ocupacional", dice Blas Aritio.

Quedan, además, otros temas sin resolver. Por ejemplo, el paso de los alumnos del grado medio al superior. Actualmente, los que quieren hacerlo han de superar un examen con contenidos de bachillerato que, según algunos directores de centros de FP, apenas aprueba un 1%. Otra opción podría ser implantar un curso puente como el que ya existe en Cataluña y que supone estudiar un año en un instituto o colegio privado contenidos de 2º de bachillerato. La directora de FP de Cataluña, María Rosa Fortuny, asegura que este curso puente ha beneficiado a 1.500 alumnos catalanes "y ahora con la Ley de FP se lo han cargado", informa Mar Padilla.