Un sindicato agrario pide que no se utilice el trasvase como arma electoral

La sentencia de la Audiencia Nacional provocó ayer una reacción en cadena en las organizaciones de agricultores y de empresarios. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores-Asaja, Cristóbal Aguado, calificó la resolución judicial de "normal y lógica" y emplazó a Aragón a que "recapacite" con respecto al problema del agua. El dirigente agrario valenciano se mostró partidario de "rectificar y reconducir las cosas" y expresó su deseo de que tras las eleccionesdel domingo "haya un cambio de actitud porque ya va siendo hora".

El secretario general de la Unió de Llauradors del País Valencià-COAG, Joan Brusca, criticó el uso del Plan Hidrológico como "arma electoral". "Lo más grave", agregó, "es que se está intentando, cuando no logrando, utilizar y manipular a los agricultores como punta de lanza en este tema". Según Brusca, el gobierno de Aragón "está en su derecho de iniciar todas aquellas actuaciones que crea conveniente para defender sus intereses", pero "no tiene sentido que reclame la propiedad del agua".

El presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, vio en el fallo un " fuerte varapalo contra el gobierno de Aragón, y especialmente contra los socialistas". La Audiencia respalda la posición del Gobierno de José María Aznar "y a los que los hemos apoyado desde el principio". Olivas defendió que el trasvase "es intachable desde todos los puntos de vista, y es la única solución viable para resolver el déficit hídrico en las cuencas del Mediterráneo español".

En la federación socialista valenciana, el secretario de Administraciones Públicas, Antoni Such, dijo que el trasvase no se ha ejecutado "por la incapacidad del Gobierno y no por el impedimiento de nadie". Francesc Signes, responsable de Medio Ambiente del partido, acusó al Gobierno de "retrasar deliberadamente" la ejecución del plan para utilizarlo electoralmente contra los socialistas.