Gallardón contratará como ayudantes de la policía a jóvenes de barrios marginales

El programa electoral del candidato a alcalde por el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, prevé crear en el Ayuntamiento los puestos del "agente de mediación social" y del "ayudante de seguridad", ambos "adscritos a la Policía Municipal y ocupados por jóvenes de las áreas más desfavorecidas y con mayores índices de desempleo". Estos jóvenes, algunos voluntarios y otros contratados, realizarían labores de "prevención" en zonas marginales.

El argumento del candidato es que "la clave de la seguridad ciudadana es la prevención". Y, como parte de esa labor preventiva, el PP plantea que jóvenes de barrios con "bolsas de marginación" colaboren con la policía. "Esas personas, por el hecho mismo de haber estado en contacto con una situación marginal, con los problemas que generan la exclusión social, las drogas, el paro, son de gran utilidad a la hora de actuar sobre los orígenes del delito", explica Pedro Calvo Poch, llamado a ser edil de Policía Municipal si el PP gana las elecciones. Calvo subraya que la figura del "ayudante de seguridad" no debe asociarse con la del chivato: "En absoluto, no tiene nada que ver con eso. Su función sería de mediación, nada más".Pedro Calvo, número ocho de la lista del PP al Ayuntamiento, asegura que la labor de los "ayudantes de seguridad" se ceñirá a trabajos de "mediación": ayuda a menores en situación de exclusión, conciliación en conflictos de convivencia, etc. ¿Por qué entonces se adscribe su trabajo a un cuerpo policial y no a la concejalía de Servicios Sociales? "Es una forma de dejar claro que colaborarán con el plan integral de seguridad ciudadana que nos proponemos acometer. Pero quizá la redacción de este punto en el programa es mejorable, porque, de hecho, probablemente estarán adscritos a cualquiera de las dos concejalías", responde Calvo.

Juan Bravo, también aspirante a edil y artífice del programa del PP, admite que la definición dada a estos puestos de colaboración ciudadana "no es la más correcta". "En realidad, lo que se crearían serían cuerpos mixtos, en los que habría mediadores sociales profesionales y también jóvenes de barrios desfavorecidos, a los que se formaría específicamente en ese trabajo".

Entre los "agentes de mediación social" y los "ayudantes de seguridad" -cuyo número está aún sin fijar- habría jóvenes voluntarios, pero también contratados por el Ayuntamiento a través, principalmente, de los llamados contratos de inserción laboral; según el sindicato CC OO, estos contratos tienen una duración máxima de nueve meses y sueldos de unos 540 euros.

La figura del "ayudante de seguridad" forma parte de una de las promesas clave del PP: la creación del "contrato de seguridad" en cada distrito. Esto es, la formación, en el seno de las juntas municipales de distrito, de grupos de trabajo en los que participarían "todos los sectores que componen el tejido social" del barrio -asociaciones de vecinos, directores de colegios, mediadores sociales, ...- y en los que se tratarían los problemas concretos de seguridad de la zona y se propondrían soluciones. El objetivo: "Que cada individuo asuma su responsabilidad para lograr la prevención y la integración" como forma de evitar el delito.

Lucha contra la exclusión

El énfasis en la prevención y la lucha contra la exclusión social fue ayer el hilo conductor del discurso de Ruiz-Gallardón durante la presentación de su programa en materia de seguridad. El candidato abogó por actuar sobre "los orígenes del delito" y anunció que, si es elegido alcalde, desplegará la policía de barrio en los 128 barrios de la capital "en un máximo de tres meses desde la toma de posesión". A día de hoy, esos agentes sólo actúan en 25 barrios.

Tras asistir a una exhibición con perros adiestrados en la Sección Canina de la Policía Municipal, el cabeza de lista del PP precisó su propuesta de destinar a todos los agentes a labores de seguridad ciudadana y no a la regulación del tráfico. Según Ruiz-Gallardón, esta medida permitirá que,

en cuatro años, Madrid tenga 1.500 policías más en las calles. La plantilla actual cuenta con 6.300 agentes; de ellos, 3.800 se dedican a tareas de seguridad, 1.500 regulan el tráfico de la capital y otro millar realiza investigación de accidentes o forma parte de escoltas y comitivas oficiales.

Con el plan que promete el PP, los 1.500 agentes de tráfico pasarían a engrosar las filas de la policía de barrio o serían destinados a otras tareas directamente asociadas a la lucha contra el crimen. Serían sustituidos -de manera progresiva en los próximos cuatro años- por un cuerpo de entre 800 y 900 funcionarios públicos, uniformados, pero no armados, con rango de agentes de la autoridad. Ese cambio de función obliga a modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la cual las ciudades con policía propia tienen que asignar a ésta la regulación del tráfico. "Propondremos esa modificación a través de una disposición transitoria en la futura Ley de Grandes Ciudades [aún en tramitación], porque lo lógico es que una ciudad como Madrid pueda decidir a qué tipo de funcionarios les encarga la regulación del tráfico", explica Pedro Calvo.