Blair marca la 'línea roja' que no cruzará en su integración europea

El primer ministro británico, Tony Blair, desveló el lunes las líneas rojas que delimitan la posición del Reino Unido en la Convención Europea. Londres quiere mantener el veto en fiscalidad, seguridad social y defensa, avanzar en política exterior pero sin extender las decisiones por mayoría y avanzar en asuntos de asilo e inmigración, aunque sin perder el control de sus fronteras.

Los principales problemas, sin embargo, pueden acabar siendo semánticos: las palabras "federal" y "ministro europeo de Asuntos Exteriores" auguran más problemas que beneficios para los europeístas británicos. Por ello, Blair desgranó ese listado de líneas rojas al presidente de la Convención Europea, Valéry Giscard d'Estaing, en una cena el lunes en Downing Street a la que se sumaron el ministro de Exteriores, Jack Straw, y el negociador británico en la Convención y estrella ascendente en el Gabinete laborista, Peter Hain. Hain era ya el negociador de Londres como secretario de Estado para Europa y mantuvo esa capacidad cuando entró en el Gabinete en calidad de ministro para Gales.

Hasta ahora la posición del Reino Unido en las negociaciones ha sido relativamente cómoda teniendo en cuenta que Europa es siempre un asunto políticamente muy delicado. El hecho de que Londres estuviera negociando una Constitución para Europa había pasado prácticamente inadvertido para el gran público hasta que la semana pasada la prensa antieuropea desató una furibunda campaña para exigir que el acuerdo final sea ratificado a través de un referéndum y no sólo con la aprobación de los Comunes.

Quizá por eso o quizá porque se acercan los momentos más decisivos de la reforma, el Gobierno está empezando a hacer más hincapié en los problemas que en los avances de la negociación. Por ejemplo, hasta ahora Londres había presumido de su apoyo a la desaparición del veto nacional en la política europea sobre Asilo e Inmigración, pero el portavoz del primer ministro matizó que en cualquier caso el Reino Unido mantendrá el control sobre sus fronteras, de acuerdo con las garantías adquiridas al negociar el Tratado de Amsterdam en 1997.

Blair hizo saber que Londres tampoco aceptará perder el derecho de veto en materias consideradas sagradas, como fiscalidad y seguridad social. No hay hasta ahora ninguna propuesta en la Convención que proponga eliminar la unanimidad en esas materias, pero el Gobierno recela de una propuesta que Francia y Bélgica manejan entre bastidores para luchar contra el fraude fiscal y que podría acabar afectando a la unanimidad en fiscalidad y seguridad social. Tampoco hay propuestas para acabar con el veto en defensa, pero Blair hizo hincapié ante Giscard en que, aunque quiere que la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) europea vaya más allá, ese viaje no se ha de hacer a costar de perder el veto allí donde ahora existe.

Los problemas parecen asomar más por el capítulo de las modificaciones institucionales que en el de las políticas. Londres aún no ha dado su apoyo a la propuesta de que el presidente de la Comisión Europea sea elegido por el Parlamento Europeo, pero tampoco la ha combatido en público. Y quiere que desaparezca del texto constitucional la palabra "federal".