Interior forzará a las compañías aéreas a colaborar en el control de la inmigración

La reforma de la Ley de Extranjería que el Ministerio del Interior llevará el viernes al Consejo de Ministros pretende forzar a las compañías aéreas a colaborar en el control de la inmigración clandestina. El Gobierno quiere obligar a las aerolíneas a facilitar antes del embarque las listas de pasajeros para utilizarlas en los controles fronterizos y a que les informe de los extranjeros que han entrado en España con visado de turista, cuya vigencia es de tres meses, y no han usado el billete de vuelta a su país transcurrido ese periodo. Las compañías, por ahora, se resisten a dar su plácet a estas medidas.

Actualmente, un extranjero puede entrar legalmente en España si dispone de dicho visado de turista, un billete de ida y vuelta y una bolsa de viaje (al menos 100 dólares). Según la Secretaría de Estado de Inmigración, "es habitual" que muchos inmigrantes entren como turistas y, concluido el periodo de legalidad como visitantes, se quedan a residir en España de forma irregular". El Ministerio del Interior calcula que cada día entran por el aeropuerto de Madrid-Barajas una media de cien extranjeros con visado de turista que, una vez caducado el salvoconducto, no utilizan el billete de vuelta.

La reforma de la ley, que está previsto que se tramite por la vía de urgencia, pretende incluir en su articulado que las compañías aéreas, además de cerciorarse de que los documentos de viaje de los pasajeros están en regla, "ejerzan un control adicional", según Interior. La intención es poder obligar a las compañías aéreas a facilitar, antes del embarque en el avión en el aeropuerto de origen, la relación de pasajeros "para adelantar en España el control fronterizo". Además, quiere forzarlas a informar a la autoridad gubernativa de qué pasajeros con visado de turista no han utilizado el preceptivo billete de vuelta transcurridos los tres meses.

No se exigirá que se entreguen las relaciones de pasajeros de todos los aviones con carácter general, sino incluir artículos en la ley para que las empresas de transportes no puedan negarse a darlas si se les pide. Y si no colaboran, serán sancionadas. Hoy día, por ejemplo, los hoteles ya están obligados a facilitar a la policía las fichas con los datos que los huéspedes dan a su llegada.

Las fuentes de Interior consultadas explican que dicha información no servirá para mantener localizados a los extranjeros que utilicen este método, pero que será vital para la adopción de medidas ulteriores. "Esto nos va a permitir detectar los vuelos calientes para luego poder actuar e intentar impedir las entradas, porque aunque sabemos que ya ocurre y tenemos localizados algunos de esos vuelos, lo que tenemos son estimaciones o cálculos policiales, mientras que estas medidas nos van a dar una radiografía exacta de la situación", según fuentes de la Secretaría de Estado.

Además, se pretende obligar a las aerolíneas a hacerse cargo de los pasajeros en tránsito en los aeropuertos españoles en el caso de que el país de destino final no lo admita y a costear los gastos para retornar al encartado al aeródromo del que despegó el avión con el que entró a España. Las multas para las empresas que incumplan estas obligaciones, que aún no están fijadas al ciento por ciento, pueden suponer unos 500 euros por pasajero. Las compañías aéreas, según las fuentes consultadas, han rechazado la aplicación de estas medidas durante los primeros contactos que han mantenido con los responsables de Extranjería. España va a incluir los citados preceptos y posteriormente los negociará en la Unión Europea para que sea un procedimiento común.

El Gobierno también pretende mediante la reforma poder utilizar los datos de empadronamiento a efectos de control de la inmigración. "Queremos que el padrón identifique bien a todos los residentes de una localidad, sean legales o no, que se sepa dónde viven y cuántas personas residen en cada casa, que tenga recogidos los datos de todos los vecinos y refleje la realidad", según fuentes de Interior.

Por ello intentará que todos los preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local que obligan a mantener actualizado el padrón se cumplan y que si se detectan situaciones irregulares, los ayuntamientos actúen en consecuencia. Es decir, que si se tiene constancia de que en un piso de 50 metros viven hacinadas 40 personas (es un caso real) se apliquen las leyes (de salubridad e higiene,por ejemplo) para atajar esa situación.

La cuestión es convertir el padrón "en un elemento de información más" y que las cuestiones relativas al empadronamiento contenidas en órdenes, circulares o instrucciones "se eleven a rango de ley para que se apliquen y se cumplan, especialmente lo que se refiere a mantenerlo actualizado".