Las instituciones destinarán casi 2.700 millones a luchar contra la exclusión social

Las instituciones del País Vasco tienen previsto destinar 2.669 millones de euros en los próximos tres años a combatir la exclusión social, según recoge en el borrador del Plan de Inserción 2003-2005. Este documento revisa la política que desarrollan el Gobierno, las tres diputaciones y los ayuntamientos en este terreno e introduce nuevas medidas para mejorar el sistema de inserción, lo que implicará una profunda remodelación de las leyes que en la actualidad regulan esta materia en Euskadi. El plan se convertirá así en la nueva guía en la lucha contra la pobreza durante los próximos años.

Los 2.669 millones de euros se reparten en varias partidas. Las más importantes son las prestaciones económicas, como la renta básica y los estímulos al empleo, que se llevan 372 millones y la atención a los ancianos (729 millones) y a las personas discapacitadas (459 millones). Por instituciones, los ayuntamientos calculan un desembolso de 362 millones, las diputaciones aportarán otros 1.100; el Instituto Nacional de Empleo (Inem), 66 millones, y el resto corresponderá al Ejecutivo vasco.

El borrador del plan, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, ha sido elaborado por una comisión interinstitucional promovida por la Viceconsejería de Inserción Social. Centra su atención en las materias que son competencia de las instituciones autónomas, dejando al margen las de la Administración central que también desempeñan un papel importante en la comunidad, como es el caso del Inem y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss). El documento parte de un diagnóstico de la situación, para adentrarse después en las medidas concretas a aplicar. Según los datos de la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales en Euskadi realizada por el Gobierno autónomo, el 5,5% de los hogares vascos, casi 38.000 en los que viven cerca de 75.000 personas, tienen ingresos inferiores al 25% de la media, lo que implica una pobreza severa.En el 3,9% del total de hogares de la comunidad autónoma existe, además, una inseguridad en lo relativo a la alimentación, aunque, por lo general, se trata de algún problema esporádico.

En la actualidad, alrededor de 16.000 familias vascas reciben el salario social. La radiografía de la pobreza en Euskadi muestra que dos de cada tres hogares que sufren insuficiencias económicas severas se ubican en Bilbao y en los municipios de la Margen Izquierda de la ría del Nervión. En el extremo contrario se encuentra Vitoria. La tasa de pobreza de la capital alavesa es siete veces inferior a la que se registra en Bilbao. La incidencia de esta penuria en las mujeres supera con creces a los hombres, tanto en el caso de las mujeres solas como en el de las familias monoparentales encabezadas por una mujer.

En el campo de los servicios sociales de base (se ubican en los ayuntamientos y son los primeros puntos a los que acuden las personas que no tienen recursos), reforzar sus plantillas, aprobar una normativa que regule su funcionamiento y simplificar los trámites administrativos de control y prestación de la renta básica son algunos de los objetivos que se ha marcado el Plan de Inserción. Las novedades del capítulo dedicado a las prestaciones económicas se centran en el aumento de la cuantía del salario social hasta que alcance en el año 2006 el 86% del Salario Mínimo Interprofesional (fijado actualmente en un total de 451,2 euros al mes) y la posible puesta en marcha de un programa de préstamos de urgencia destinado a personas con solvencia que atraviesan por una situación de crisis económica.

Las instituciones están analizando actualmente la cuantía máxima que tendrían estos préstamos, así como el tipo de gasto al que deberían hacer frente para autorizar su concesión. Para ello negocian con las cajas de ahorro en un intento de que sean estas entidades las que se hagan cargo de su gestión.

Flexibilizar los pagos

El Plan de Inserción también incluye una serie de modificaciones en la legislación encaminadas a flexibilizar las normas que regulan los pagos de los ciudadanos a las administraciones para evitar que se agudicen los problemas económicos de las personas en situación de apuro.

El plan va detallando las medidas que deberán aplicar los departamentos del Gobierno autónomo más implicados en la lucha contra la exclusión social, como son los de Vivienda y Asuntos Sociales, Educación, Trabajo y Sanidad.

Por ejemplo, y como mayores novedades, la consejería de Educación prevé la puesta en marcha de un programa específico de erradicación del absentismo escolar, la ampliación de las ayudas compensatorias y el desarrollo de de un programa de intervención con el alumnado inmigrante. En total, hasta el año 2005, el departamento invertirá algo más de 347 millones de euros.

Mientras, la consejería de Sanidad destinará un total de 16 millones de euros a cuestiones como la extensión del derecho de atención gratuita sanitaria en Euskadi y a mejorar la oferta de programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de personas que se encuentran en situación de exclusión.

La consejería de Vivienda tiene previsto gastar en las medidas incluidas en el plan unos 57 millones de euros. La promoción de cerca de 7.300 viviendas de alquiler social, la movilización de otros 5.000 pisos vacíos desocupados y la puesta en marcha de un sistema que garantice el pago del alquiler a los dueños de esos pisos forman parte de la batería de medidas que aplicará este departamento.