Los empresarios entran en campaña

La presencia de un partido como Ezker Batua al frente de la política de vivienda del Gobierno vasco es una tentación demasiado grande para una asociación de empresarios (en este caso el SEA) como para resistirse a no lanzarle un torpedo en plena campaña electoral, bajo la apariencia de una reflexión técnica. No es otra cosa el artículo firmado por José Manuel Farto y publicado en este diario el pasado día 13.

Las palabras del SEA, más que preocuparnos, nos halagan. Viniendo de donde vienen, nos ratifican en que la apuesta que estamos realizando en materia de vivienda desde el Gobierno vasco es la más acertada. No obstante, debo recordar al SEA que Ezker Batua lleva la responsabilidad de la política de vivienda en Euskadi desde el mes de septiembre de 2001, hace poco más de año y medio. Querer atribuir a este grupo, así, sin más, la responsabilidad del enorme problema de vivienda que tenemos en Euskadi es, cuando menos, un ejercicio de dudosa objetividad.

No es casual que 2002 haya sido el año con la producción de VPO más alta de Euskadi

En Etxebide están inscritas 85.000 personas, un 80% con ingresos inferiores a 21.000 euros

Si hoy a tantos miles de jóvenes les es imposible acceder a una vivienda a precios asequibles, es consecuencia principalmente de dos factores: la falta de previsión (siendo condescendientes) de las administraciones públicas en los últimos años, que no han sabido ver la deriva demográfica de la sociedad y la urgencia por disponer de un gran número de viviendas para atender a las generaciones que se iban incorporando en el mercado de vivienda, y la voracidad de los propietarios del suelo y de algunos promotores. Porque alguna responsabilidad les corresponderá a estos dos colectivos; ¿o es que un empresario o un propietario de suelo sólo por el hecho de serlo ya está eximido de mantener unos mínimos principios éticos? ¿Cuántos propietarios de suelo, y también promotores-propietarios, no han tenido ningún escrúpulo en retener sin edificar sus suelos a la espera de que la demanda de vivienda creciera y creciera y el adquirente tuviera que pagar cada vez más por esos suelos? ¿Cuántos promotores se han aprovechado de la desproporción entre la demanda y la oferta para cobrar sobreprecios y cantidades en dinero negro tanto en las viviendas libres como, incluso, en las de protección oficial? ¿A qué se debe que, en un momento de ralentización económica, las empresas constructoras hayan sido en 2002, como continuación de al menos el periodo 1999-2001, las que hayan obtenido beneficios más elevados-desorbitados? ¿Acaso la sociedad vasca tiene que aplaudir esas actuaciones tan desinteresadas?

En esto del problema de la vivienda deberíamos ser bastante más humildes y reconocer que alguna responsabilidad nos atañe a todos, probablemente sin excepción. Y en lo relativo a Ezker Batua, al menos se nos debería reconocer el valor de gestionar la cartera de Vivienda precisamente en el momento más difícil de esta competencia en la historia de Euskadi.

Pues bien. Ustedes, los empresarios alaveses, ven el problema de la vivienda como una cuestión meramente económica. Por eso hablan de hiperliberalización del mercado. Como si la historia no nos hubiera enseñado cuáles son los resultados de planteamientos liberalizadores, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado. Porque, no me dirá el señor Farto que en Euskadi ha funcionado en los últimos años un sistema regulado. ¿Cómo es posible, en ese caso, que más del 75% de la construcción de vivienda haya sido a precio libre?

Se quejan ustedes de las reservas de suelo para VPO y les atribuyen todos los males del mundo, pero, ¿acaso esas reservas han funcionado de verdad? La respuesta es no. Ustedes, los promotores, han construido las parcelas de precio libre y han dejado sin desarrollo las correspondientes a VPO. Han hecho todo lo posible para que los suelos fueran calificados sin obligación de incorporar esas reservas. Por no hablar del Estado. Desde 1998, el PP nos impuso un plan liberalizador del suelo. ¿Cómo se explica entonces que en Madrid o en Cataluña, sin reservas de suelo para VPO y con un esquema liberalizador a ultranza, se hayan incrementado los precios de la vivienda en un 25% y en un 35%, respectivamente, en 2002, a pesar de que el volumen total de vivienda por mil habitantes que se ha construido en esas comunidades ha sido sensiblemente superior al de Euskadi? Además, no es del todo cierto que las personas que compran en el mercado libre financien a las que acceden a VPO. Las desgravaciones fiscales por compra de vivienda libre superan con creces (1,5 veces) el presupuesto del Departamento de Vivienda.

Nuestro análisis, por contra, parte de la necesidad concreta de las personas, especialmente jóvenes, que no pueden comprar una vivienda y desarrollar sus proyectos de vida. Y sabemos que son muchas. Porque en el Servicio Etxebide están inscritas 85.000 personas y un 80% de las mismas tienen ingresos anuales inferiores a 21.000 euros. Es decir, les es imposible acceder a una vivienda en el mercado libre. No obstante, muchas de ellas se ven obligadas a buscar mil fórmulas (apoyos familiares, préstamos que les limitan para el resto de sus días, etcétera) para llegar a pagar un precio desorbitado. Éste es el lado de la demanda: miles de personas que no pueden esperar. Sin embargo, por el lado de la oferta (que es la oferta de suelo, porque el mercado suelo-vivienda es inseparable) lo que nos encontramos es un número reducido de propietarios que en la mayor parte de los casos puede esperar. O sea, puede especular.

Ante este enorme desequilibrio entre oferta y demanda, y ante la obligación de garantizar el derecho a la vivienda -porque, pese a quien pese, es un derecho-, ¿qué podemos hacer las administraciones públicas? A nosotros se nos ocurren dos vías: liberalizar, como ustedes dicen, y subvencionar la diferencia entre el precio de la vivienda libre y la capacidad adquisitiva de la demanda, o construir mucha vivienda a precios asequibles, es decir, vivienda de protección oficial. Nosotros nos decantamos básicamente por la segunda opción. Y para lograr que funcione, necesitamos dos cosas: localizar grandes cantidades de suelo para VPO (ahí está el anteproyecto de ley del Suelo que hemos presentado) y construir encima gran cantidad de viviendas protegidas, teniendo en cuenta que en muchos ámbitos de Euskadi estamos consumiendo los últimos suelos edificables.

Habla el SEA de colaboración público-privada. Pues bien. Ésa es también nuestra opción. Somos conscientes (lo fuimos desde el minuto uno de nuestra incorporación al Gobierno) de que sólo las administraciones públicas no podemos dar respuesta al problema de la vivienda en Euskadi. Por eso hemos buscado desde el principio la complementariedad con la iniciativa privada. Y las asociaciones de promotores y constructores de Vizcaya y Guipúzcoa así lo han entendido, y por eso están sentadas con el departamento en una mesa de negociación de la que la asociación alavesa, UNECA, parece querer apearse.

A estos efectos, creo que no es casual que el año 2002 haya sido el año con la producción de VPO más alta de la historia de Euskadi. Más de 5.000 viviendas, de las cuales 2.000 han sido promovidas desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, batiendo un record histórico, y 3.000 por la iniciativa privada (en algunos casos aliada con ayuntamientos). Pero queremos ir a más. Quisiéramos que, entre todos, lleguemos a construir 15.000 VPO al año en los próximos cuatro años. Si lo conseguimos, nos olvidaremos de esos sorteos que a ninguno nos entusiasman. Porque no vivimos en una sociedad sana en la que las personas acceden a la propiedad a través del salario, ya que mucha gente trabaja por infrasueldos, en un mercado perverso caracterizado por la precariedad laboral (flexibilidad, lo llaman algunos). Los sorteos son, así, hoy por hoy, el único sistema de adjudicar viviendas entre una población demandante tan amplia.

Ése es nuestro camino y estamos seguros que también el del empresariado productivo. Aquel que, lógicamente, necesita ganar dinero para sostener sus empresas y los puestos de trabajo, pero que a la vez quiere ofrecer a la sociedad el producto que ésta necesita en el momento en que lo necesita. Aunque el secretario general del SEA, señor Farto, no lo crea, estamos en el mismo barco. Tanto el empresariado como el Gobierno (en representación de la sociedad) coincidimos en este momento en que es necesario construir un gran número de viviendas en Euskadi. Desde la responsabilidad que tenemos nosotros, sólo les requerimos que esas viviendas sean de precio asequible. Les instamos a que cambien el chip: vivienda protegida, que les da una estabilidad empresarial con una rentabilidad suficiente. Por nuestra parte, estamos trabajando con el fin de que el producto VPO sea también interesante para las empresas. Eso sí. Respetando escrupulosamente las normas y sin dar ni un resquicio al fraude. Éste es el camino que debemos recorrer juntos.

José Javier Deán es viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco.