El juez que ha archivado el 'caso Renfe' deja cinco recursos sin resolver

El titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, ha dejado sin resolución cinco recursos incluidos en las diligencias abiertas por el "caso Renfe", que el viernes decidió archivar. Badenes ha dado carpetazo a la querella por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público que los concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón interpusieron contra el alcalde, José Luis Gimeno, el edil de Urbanismo, Alberto Fabra, y el empresario Luis Batalla.

Los socialistas ya han anunciado su intención de recurrir el archivo de la querella. Entre otras cosas, alegarán su consideración de que el proceso se encuentra en "pleno desarrollo", ya que, en el momento del archivo, el juez no había resuelto cinco recursos presentados por la acusación particular. Éstos se refieren a una solicitud de aportación de toda la documentación de la modificación y de la revisión general del PGOU, en la que no se incluyó la reclasificación posterior con la que se inició la operación que acabó en la adjudicación, a Batalla, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Además, la acusación había presentado otro recurso para que se aportara la documentación obrante en el proceso contencioso-administrativo iniciado por particulares a raíz de la misma operación urbanística. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite, al menos, dos recursos interpuestos contra la adjudicación realizada por el Ayuntamiento de Castellón de la urbanización de esta zona donde, según se prevé, se ubicará El Corte Inglés. El juez negó además la posibilidad de que acudiera al juzgado un testigo protegido de la acusación, hecho que provocó la presentación de uno de los recursos que han quedado por resolver.

En medio del proceso, la acusación solicitó la ampliación de la querella para investigar la existencia de indicios sobre un presunto delito de alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia. En un primer momento, el juez desestimó esta ampliación pero, tras la presentación del correspondiente recurso y de documentación, optó por separar los procedimientos y remitir los documentos sobre el presunto delito de maquinación y alteración de precios al Decanato de los Juzgados de Instrucción para que un nuevo juez iniciara una instrucción separada. Aún así, los socialistas recurrieron para que todos los presuntos delitos fueran investigados de forma conjunta y no separada.

Por otra parte, ayer Alicia de Miguel, consejera portavoz del Consell, aseguró que el archivo de esta querella contra Gimeno "es un nuevo fracaso de [Joan Ignasi] Pla y el PSPV en su estrategia de difamación y juego sucio".