El PP cierra la legislatura sin dar solución a las basuras de Castellón
El PP se comprometió, a través del consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, y del responsable medioambiental en la Diputación de Castellón, el vicepresidente Vicent Aparici, a adjudicar y poner en marcha la construcción de las plantas de tratamiento de residuos de las zonas I y III de la provincia de Castellón, antes del próximo 25 de mayo. No obstante, en ambos casos, los consorcios que rigen los planes han pospuesto la solución de forma indefinida.
El primer retraso se produjo en el concurso del área III, que compete a las comarcas de La Plana Baixa, Alto Palancia y Camp de Morvedre. Irregularidades en la aceptación de la oferta de una de las empresas, la UTE formada por Lubasa, Fobesa y Aguas de Valencia, motivaron un expediente del Ministerio de Hacienda, que consideró "insubsanable" que el Consorcio hubiera prorrogado el plazo de presentación de propuestas, para que la UTE pudiera completar numerosa documentación.
En cuanto al área I, con las comarcas del Maestrat, Els Ports y parte de La Plana Alta y L'Alcalatén, el presidente de la Corporación, el también alcalde del PP en Benicarló, Jaime Mundo, retrasó también todo el proceso el pasado 14 de mayo.
La clave de tanto retraso, según el portavoz provincial del PSPV, Enrique Navarro, es decidir la ubicación de las plantas porque puede provocar un rechazo que se manifieste en las urnas. Otra de las claves es el precio que los ciudadanos tendrán que pagar por el tratamiento.El incumplimiento, a su juicio, es manifiesto, porque la única planta de la provincia, Reciplasa, fue construida en periodo socialista. Tampoco se ha habilitado ningún vertedero en ocho años y únicamente hay tres, dependientes de la Diputación.
Castellón produjo el año pasado más de un cuarto de millón de toneladas de basuras, de las que el 60% se trató en Reciplasa. El resto va a los tres vertederos que ya están colmatados y con órdenes de ampliación por parte de la Diputación provincial o a basureros municipales como Garrut en La Vall d'Uixó.
Y alrededor de 60 municipios de la mitad norte de Castellón, entre ellos poblaciones importantes como Benicarló o Vinaròs, vierten sus deshechos en barrancos o en espacios vallados sin ningún tipo de medidas para evitar filtraciones de los lixiviados.
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