El Gobierno considera secretos los informes jurídicos en que basó su apoyo a la guerra

El Gobierno se ha negado a remitir al Congreso los informes jurídicos en que basó su apoyo a la guerra de Irak alegando, entre otras razones, su carácter "clasificado"; es decir, secreto. Ante tan sorprendente respuesta, el diputado socialista Rafael Estrella, que reclamó los informes, ha pedido a la Mesa del Congreso que declare la "inadmisibilidad" de la respuesta del Ejecutivo y le inste a remitir "con carácter urgente" la documentación solicitada. Estrella recuerda que la Ley de Secretos Oficiales sólo permite clasificar informaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y defensa de España.

¿Puede un informe jurídico, que no es sino la enumeración de las normas de derecho interno e internacional, por su propia naturaleza de carácter público, que avalan una decisión política ser clasificado como secreto?

El diputado socialista Rafael Estrella lo considera un despropósito, pero el Gobierno lo ha hecho. Así, al menos, se deduce de las tres respuestas que ha recibido a la petición que presentó para que se le remitieran los informes jurídicos en que se basó el Ejecutivo para apoyar la intervención militar contra Irak.

Con ligeras variaciones, las tres respuestas utilizan idéntico argumento: "El Ministerio de Defensa no considera posible hacer llegar a su Señoría copias de los informes o dictámenes jurídicos que se han ido elaborando sobre los distintos aspectos de la crisis de Irak, por ser variados, de diversa procedencia, parciales, globales, clasificados, etc.".

A continuación, el Gobierno se remite a las comparecencias parlamentarias de sus ministros, en las que "ha tenido ocasión de exponer en detalle su punto de vista sobre la crisis de Irak".

Lo primero que ha llamado la atención del diputado es que le conteste el Ministerio de Defensa, cuando su solicitud se refería a los "informes o dictámenes jurídicos obrantes en la Administración General del Estado".

El Ejecutivo sugiere que todo el armazón jurídico de su política ha recaído en los servicios del Ministerio de Defensa, prescindiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a que fue la jefa de la diplomacia española, Ana Palacio, quien fijó en el Consejo de Seguridad de la ONU la posición española sobre Irak.

Riesgo para la seguridad

Estrella considera que el hecho de que los informes sean "variados, de diversa procedencia, parciales o globales" no supone razón suficiente para negarlos al Parlamento pues, aunque se tratara de una documentación voluminosa, lo que el Gobierno no dice, hay procedimientos para que los diputados puedan acceder a la misma, como se ha hecho en ocasiones precedentes.

Pero lo más llamativo es que el Gobierno apele al carácter "clasificado" de algunos informes, sin especificar cuáles son, ni qué autoridad, de las legalmente capacitadas para ello, ha decidido declararlos secretos. En el escrito que ha presentado a la Mesa del Congreso, el diputado socialista recuerda que la ley de Secretos Oficiales, tras subrayar que "los órganos del Estado están sometidos en su actividad al principio de publicidad, establece que podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".

"Teniendo en cuenta", alega Estrella, "que de ningún modo puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado el conocimiento de informes o dictámenes de contenido estrictamente jurídico sobre actuaciones públicas, su clasificación sólo sería la evidencia de que dichos informes desmentirían la posición del Gobierno sobre la legalidad de su actuación, lo que supondría una arbitrariedad inadmisible".

Pero incluso si los informes estuviesen legalmente clasificados, el Gobierno tendría que permitir el acceso del Congreso a su contenido a través de la Comisión de Secretos Oficiales.

En su escrito a la Mesa del Congreso, el diputado recuerda que el artículo 7 del Reglamento de la Cámara obliga al Gobierno a entregar la documentación solicitada, salvo que existan "razones fundadas en Derecho que lo impidan", mientras que en este caso el Ejecutivo se ha negado a hacerlo sin alegar norma alguna y remitiéndose a comparecencias parlamentarias que tienen valor político, pero no jurídico.

Obstaculizar arbitrariamente el trabajo de los parlamentarios, negándoles información necesaria para ejercer su tarea de control sobre el Gobierno, supone una vulneración del derecho fundamental de participación política establecido en el artículo 23.2 de la Constitución, agrega.

Por todo ello, el diputado socialista pide que la Mesa del Congreso "declare la inadmisibilidad de las contestaciones del Gobierno", le inste a "la remisión con carácter urgente de la documentación citada" e informe de las gestiones que realice con este fin.