El fiscal se opone a la demanda civil contra Jiménez de Parga

El fiscal de la Sala Civil del Tribunal Supremo y el abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional pidieron ayer la desestimación de la demanda de la Generalitat de Cataluña contra el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, por entender que unas declaraciones suyas en una conferencia sobre las comunidades históricas no lesionan "la dignidad del pueblo de Cataluña y de sus instituciones", como pretende la demanda.

Al hablar de comunidades históricas en una conferencia pronunciada el pasado 22 de enero, Jiménez de Parga sostuvo que mientras en Granada, en el año 1000, los andaluces tenían docenas de surtidores de agua de colores y olores diversos, "en algunas de esas llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían asearse los fines de semana". Por estas manifestaciones, la Generalitat presentó una demanda contra el presidente del Constitucional, cuya audiencia previa a juicio se celebró ayer ante la Sala de lo Civil del Supremo.

El abogado de la Generalitat, Carlos García Rojo, pidió que el Tribunal Supremo declare en una sentencia "que el pueblo de Cataluña tiene derecho a su dignidad"; que ésta ha sido "menoscabada, ofendida y lesionada" por Jiménez de Parga y que el presidente del Constitucional debe abstenerse en lo sucesivo de hacer manifestaciones. El abogado de la Generalitat insistió en que las palabras del presidente del Tribunal Constitucional representan un quebrantamiento del deber de imparcialidad al que le obliga su cargo.

Sobre la capacidad de la Generalitat para erigirse en parte procesal para defender "la dignidad del pueblo catalán", García Rojo citó la sentencia del Constitucional en el caso Violeta Friedman -la mujer judía que demandó al nazi Léon Degrelle por negar el Holocausto-, sentencia que admitió que la dignidad de los pueblos es susceptible de ser tutelada por los tribunales.

El abogado del Estado pidió que la demanda sea desestimada por falta de contenido ya que, dijo, "nadie se opone a que el pueblo de Cataluña tenga derecho a su dignidad", y pidió que la Generalitat precise qué tipo de manifestaciones no podría volver a hacer Jiménez de Parga. El abogado del Estado puso en duda, además, la legitimidad de la Generalitat para entablar el pleito.

"Mejor o peor acierto"

El fiscal del Supremo manifestó que los hechos "no tienen esa dimensión" que les da la Generalitat y que el debate en el que intervino Jiménez de Parga fue sobre "una mera cuestión histórica que, con mejor o peor acierto y oportunidad, se explicitó en un debate público".

Explicó que el presidente del Constitucional fue llamado para debatir sobre la organización territorial del poder y que, en el marco de esa discusión, sus criterios de interpretación desde el punto de vista sociológico o histórico "no afectan ni a la dignidad ni a los derechos fundamentales" de los pueblos, y "para nada pueden lesionar la dignidad del pueblo catalán ni de sus instituciones".

El fiscal planteó también que el término "comunidad histórica" sólo tiene un sentido desde la propia Constitución española , que alude como tales "a las que tuvieron sus propios estatutos de autonomía durante la Segunda República". Por eso, "nadie puede entender", dijo, que una discusión "sobre lo ocurrido siglos atrás pueda vulnerar la dignidad de los pueblos catalán, gallego o vasco de la actualidad".

El ministerio público negó que la dignidad del pueblo catalán está sujeta a controversia , puesto que "esa dignidad existe", y concluyó que los hechos "no tienen esa dimensión lesiva" que les atribuye la Generalitat, por lo que pidió la desestimación de la demanda.

La vista proseguirá el próximo 28 de mayo con las conclusiones de las partes. Las polémicas declaraciones de Manuel Jiménez de Parga provocaron que Convergència i Unió pidiera su dimisión y que el Gobierno vasco exigiera su recusación en el recurso interpuesto por el Ejecutivo autónomo contra la Ley de Partidos.