Los municipios exigen más poder

El complejo modelo de financiación local vigente en Euskadi y la carencia de una ley municipal vasca han relegado a los ayuntamientos al último peldaño institucional. De un lado, los municipios tienen un autonomía económica tutelada en gran parte por la efectividad recaudatoria de las haciendas forales -el 50% de los recursos locales se obtiene a través de transferencias de otras administraciones- y, de otro, no existe un marco legal que delimite con claridad sus competencias.

En la actualidad, el ámbito municipal es el último escalón en el reparto de los recursos. Del total recaudado por las haciendas forales por los impuestos concertados, una parte se destina al Cupo (el 6,24%, de conformidad con lo que el Estado presupuesta por las competencias que asume en Euskadi), otra se entrega al Gobierno vasco (de acuerdo con la ley de Aportaciones) y el resto disponible se reparte entre las diputaciones y los municipios en virtud de sendas normas forales aprobadas por las Juntas Generales de cada provincia. Además, los ayuntamientos tienen autonomía fiscal para cobrar las tasas locales y los impuestos del IBI, IAE, vehículos, plusvalías y construcción.

Los ayuntamientos han visto duplicados los fondos forales en los últimos diez años

Con esta estructura financiera, el saldo para los ayuntamientos vascos es mucho más ventajoso al que rige en el territorio común. Según estudios realizados en el ámbito del sector público, San Sebastián recibe transferencias por 585 euros por habitante y año, mientras que ciudades como Cádiz, Almería, A Coruña o Málaga -capitales costeras y de similar población- perciben del Estado por debajo de 280 euros.

Eudel ha constatado que la financiación municipal se ha duplicado en los últimos diez años en Euskadi. Por ejemplo, Álava ha pasado de recibir una media de 234 euros por habitante en 1992 a 438 euros en 2001. Guipúzcoa es la provincia que mayor autonomía concede a sus ayuntamientos, pues todos los recursos forales que recibe son incondicionados, no están supeditados a inversiones o gastos concretos.

En general, la situación financiera de los ayuntamientos ha mejorado notablemente en los últimos años, gracias en gran medida a la mejora de la gestión de los recursos públicos, la disminución drástica de los tipos de interés y al incremento significativo que han experimentado las aportaciones del fondo foral en cada territorio.

No obstante, las administraciones locales reclaman un mayor grado de autonomía financiera y más recursos forales para hacer frente a las competencias que por la vía legal o de hecho han ido asumiendo. ¿Casan la financiación municipal actual con el nivel de competencias locales? ¿Se han extralimitado los ayuntamientos al asumir atribuciones de dudosa consignación (servicios sociales, vivieda, empleo, educación)? ¿Existe una cierta indefinición competencial en los tres niveles institucionales? La ley municipal vasca está pensada para poner luz en esta nebulosa; se trataría de establecer un sistema de garantías que haga concordar los servicios prestados por los ayuntamientos con los recursos recibidos.

Sin embargo, el Gobierno vasco no ha sido capaz de solucionar este vacío legal y abordar en serio la modificación del actual entramado institucional configurado por la Ley de Territorios Históricos, sancionada en 1983. Al contrario, ha ido aplazando desde entonces, una legislatura tras otra, los compromisos adquiridos para someter a la discusión del Parlamento un proyecto de ley municipal. Sólo se conoce un borrador elaborado por el Gobierno presidido por José Antonio Ardanza, que despachaba el reto con una "traducción al euskera" de la Ley de Bases de Régimen Local que rige en España. Aquel intento fracasó.

El objetivo de la ley es delimitar mejor las competencias de los ayuntamientos y asegurar su participación en el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que distribuye el dinero que ingresan las haciendas a través de los impuestos. Las administraciones locales quieren dejar de estar sometidos a la tutela de las diputaciones y participar con derecho propio en el reparto de los fondos según el principio de subsidiaridad institucional.

Los socialistas, que no propiciaron activamente la tramitación de la ley municipal cuando tuvieron responsabilidades de gobierno en la comunidad autónoma, son ahora los que con más afán la reivindican desde la oposición. Es la gran asignatura suspendida en Euskadi desde la promulgación del Estatuto de Gernika en 1979, un caballo de batalla de muy compleja solución.