Ante un panorama inédito

La carrera por el Gobierno de Navarra se presenta condicionada por primera vez por dos circunstancias muy especiales: la desaparición del mecanismo legal que otorgaba automáticamente el sillón presidencial a la lista más votada en ausencia de mayorías suficientes, y la ilegalización de Batasuna, tercera fuerza política de la comunidad foral. La desaparición de la izquierda radical hace confiar a UPN en poder obtener una mayoría absoluta que le permita gobernar sin necesidad de pacto alguno. Los consensos políticos han sido, de hecho, un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Miguel Sanz, presidente regional y candidato por tercera vez a la reelección.

Los 22 escaños de UPN han resultado ser demasiado poco esta legislatura recién cerrada. Sus acuerdos de conveniencia con su propia escisión, la CDN del ex presidente Juan Cruz Alli, no le han servido para aprobar materias esenciales frente a una oposición que sumaba también 25 votos.

Tras mantener los dos primeros años de legislatura acuerdos presupuestarios y de estabilidad, el Gobierno foral y los socialistas protagonizaron una ruptura que,con el paso de tiempo, se ha convertido en enemistad política absoluta. Las relaciones entre Sanz y el secretario general del PSN y candidato a la presidencia por segunda vez, Juan José Lizarbe, son frías y muy distantes. Sólo la amenaza terrorista concita una cierta unidad de criterio de ambos en aspectos fundamentales como la defensa de la Constitución y el Amejoramiento del Fuero o la identidad diferenciada de Navarra como comunidad.

Pero ni siquiera en este último terreno hay una paz duradera. Consciente de sus dificultades para articular acuerdos poselectorales, UPN lleva meses sembrando la duda sobre las intenciones pactistas del PSN con el objetivo de reducir su margen de maniobra y socavar su base electoral. ¿Cómo? Introduciendo el factor miedo al acusar a Lizarbe de buscar acuerdos con el nacionalismo vasco para alcanzar el Gobierno a toda costa, incluso a costa de lesionar la autonomía foral.

Los socialistas, que niegan la mayor, ven estos comicios con renovadas esperanzas de poder dar un giro progresista al Ejecutivo foral. Al efecto Zapatero y el apoyo de los diputados de UPN a la guerra de Irak, unen el saberse un partido con capacidad de diálogo con el resto de la izquierda y con el nacionalismo democrático, con el que el PSN ya llegó a gobernar en 1995 y 1996 bajo la presidencia de Javier Otano. Aquel tripartito permitió a un consejero de EA ocupar la cartera de Industria y demostró que un Ejecutivo de coalición plural podía gestionar la región sin que la identidad propia del territorio se viese afectada.

El PSN se resiste ahora a enseñar sus cartas. Interrogado múltiples veces al respecto, Lizarbe se remite al 26 de mayo y sólo declara su deseo de ganar las elecciones, pese a que todas las encuestas dan a UPN vencedora, con una tendencia al alza. Los socialistas asisten también a un aumento de voto declarado en esos sondeos, aunque la ilegalización de Batasuna abre un interrogante demasiado grande como para hacer pronósticos ajustados.

La desventaja de partida, que hunde sus raíces en los escándalos de corrupción del ex presidente Urralburu, obligará a un PSN completamente renovado a buscar pactos con más de una sigla para superar a los regionalistas.

La decisión de AuB de propiciar el voto nulo a sus listas anuladas beneficia las perspectivas de UPN de alcanzar la mayoría absoluta, pero todos los partidos pueden recoger algún fruto de esa situación, especialmente los nacionalistas de EA-PNV, Aralar o Batzarre, e incluso IU.

Desconfianza

Si la suma de escaños de la izquierda y los nacionalistas alcanzara a UPN, los convergentes de Alli, en función de sus resultados, podrían volver a ser el árbitro de un Parlamento nuevamente dividido. Aunque UPN desconfía extremadamente de Alli, un hombre muy crítico con Sanz, no tendría más remedio que volver a pactar con él.

Los socialistas prometen un gobierno progresista y plural, centrado en políticas sociales como el empleo, la vivienda, la justicia fiscal, la educación o la salud públicas. Achacan a UPN una mala gestión y una clara tendencia a la estrategia de crispación social con reformas muy conservadoras en política lingüística, libertades públicas, fiscalidad o símbolos identitarios.

IU, con su coordinador, Félix Taberna de candidato, y EA-PNV, con la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, a la cabeza, esperan crecer y están dispuestos a hablar con los socialistas para formar un Gobierno plural de progreso. Hasta Aralar ha mostrado su disposición a hablar con el PSN desde una Cámara que su líder, elegido diputado por EH en 1999, abandonó voluntariamente en desacuerdo con la persistencia de ETA y a la que ahora aspira a regresar.

Las cosas para Sanz están más claras: si obtiene la mayoría absoluta retomará muchos asuntos rechazados o descafeinados tras su debate en el Parlamento, como la prohibición de exhibir la ikurriña en los ayuntamientos o la conversión de la UPNA en una universidad exclusivamente castellanohablante.