El Gobierno francés impulsa la autonomía universitaria

El ministro francés de Educación, Luc Ferry, presentó ayer un anteproyecto de ley de autonomía de los centros universitarios. Respecto a la ley vigente de 1984, Ferry propone una modificación sustancial al dar un mayor margen de libertad a cada universidad para que pueda disponer como quiera de su presupuesto global. Ahora, el Estado impide que hagan transferencias de un concepto a otro. La autonomía que quiere implantar Francia existe ya en España desde la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983.

En España, ya desde 1983 los consejos sociales de las universidades aprueban el presupuesto y a qué partidas lo van a dedicar una vez que conocen la subvención que van a recibir de la Administración.

El anteproyecto francés se inscribe en una muy criticada iniciativa descentralizadora del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin. La tradición francesa hace que toda descentralización se vea como amenaza a las conquistas sociales e igualitarias de la República. En el siglo XIX, el regionalismo fue patrimonio de los movimientos ligados a la monarquía y a la Iglesia, y en el XX su gran defensor fue Pétain, lo que ha contribuido a desacreditar toda iniciativa antijacobina.

Luc Ferry intenta tranquilizar al sector público de la educación: "Nunca abandonaré los principios en que se funda la República". Pero los sindicatos desconfían de un ministro cuyos hijos estudian en centros privados.

Ante la amenaza de protestas, Ferry ha dicho que garantizará "el carácter nacional de los diplomas". Su iniciativa permite también el reparto de responsabilidades entre las universidades con menos de 15.000 alumnos.

El movimiento de protesta se basa en la oposición a una posible regionalización del empleo y a que se produzcan diferencias salariales y de estatus entre los funcionarios ligados al ministerio y al Consejo Regional. En la actualidad, la gestión de las escuelas compete a los ayuntamientos, la de los institutos a las regiones y la de las universidades depende directamente del Estado, pero las transferencias presupuestarias se hacen en función de cada concepto y generan una muy complicada y lenta gestión.

El borrador francés contempla además la equiparación de sus titulaciones a las del resto de la UE, una cuestión en la que están trabajando la mayoría de los países europeos. Francia persigue que el título de licenciado corresponda a tres años de estudios, para dar paso luego al máster y, finalmente, al doctorado. El anteproyecto aplica el nuevo crédito europeo establecido en la Declaración de Bolonia de la UE, de 1999: cada curso tendrá un mínimo de 60 créditos (cada uno se obtiene tras unas 25 horas lectivas y de trabajo del alumno) y cada licenciatura estará compuesta al menos de 180.