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LA HERENCIA | ELECCIONES 25M | Cuaderno de campaña

El Cabanyal y el Benacantil resisten al desarrollismo

Barberá y Díaz Alperi intentan alterar espacios protegidos

El mayor revés del gobierno de Rita Barberá en estos últimos cuatro años ha sido, probablemente, el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que paraliza el proyecto de la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez, prevista con una anchura de 48 metros, hasta el mar partiendo en dos la trama del tradicional barrio marinero de El Cabanyal-Canyamelar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Generalitat. Rita Barberá mantiene este objetivo en el programa electoral que ha presentado para optar a su cuarto mandato, pero es consciente de que ha encontrado una tenaz resistencia a sus planes de prolongar la autopista urbana hacia el mar. Por un lado, buena parte de los vecinos del barrio, organizados en la plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar, mantienen una movilización que ha contado con el apoyo de reconocidos urbanistas y arquitectos. Por otro, la lentitud de la Justicia mantendrá paralizada la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez en el tramo que afecta a la trama urbana protegida hasta que se resuelva el recurso municipal presentado en el Tribunal Supremo.

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En Alicante, otra decisión del TSJ ha arruinado el proyecto insignia del alcalde popular de esa ciudad, Luis Díaz Alperi: la construcción de un palacio de congresos en una de las laderas del Benacantil, el emblemático monte coronado por un BIC, la fortaleza de Santa Bárbara. PSPV y Esquerra Unida han hecho de la conservación del Benacantil bandera de su oposición al gobierno conservador de Alicante. Y no han escatimado en medios para bloquear el proyecto estrella del PP. Con recursos a los tribunales han logrado paralizar la urbanización del monte, convencidos de que se trata de un atentado a un bien cultural.

Mientras Díaz Alperi no considera que el fracaso de su promesa haya que contabilizarse en su debe y acusa a la oposición de torpedear la iniciativa, PSPV y EU sostienen que el alcalde, en vez de consensuar un emplazamiento, se ha obstinado en destruir una de las pocas señas de indentidad de la ciudad.

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