Bruselas denuncia un recorte de derechos en la UE a favor de la seguridad tras el 11-S

Los derechos fundamentales en los países de la Unión Europea (UE) han sufrido durante el año pasado un retroceso en favor de la seguridad. Ésta es una de las consecuencias tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, según concluye un estudio elaborado por expertos independientes de los Quince. Las condiciones de detención, la confidencialidad sobre datos privados, la libertad de expresión y las leyes restrictivas con los inmigrantes son algunos de los aspectos más preocupantes reflejados en el informe.

"La mayoría de los Estados están elevando los niveles de la seguridad en detrimento de los derechos fundamentales" de los ciudadanos, afirmó ayer en Bruselas la portuguesa María José Rocha de Gouveia, de la Dirección General de Justicia e Interior de la Comisión Europea, al referirse al documento.

El informe incluye un capítulo específico de 55 páginas relativo a las iniciativas legales que muchos países europeos han lanzado para hacer frente a "la amenaza terrorista" y que a veces "se traducen en intromisiones en la vida privada o en el secreto de las comunicaciones". Cita al respecto "restricciones al derecho a la defensa" (por ejemplo, con testimonios anónimos), la infiltración de agentes "con el riesgo de provocación que eso entraña" o "las formas excepcionales de detención", extremo en el que destaca sobre todo la nueva legislación británica.

Especial referencia hace el informe a los proyectos entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra el terrorismo. "El refuerzo de esta colaboración puede poner en peligro la protección de derechos fundamentales" porque esa protección en Estados Unidos "se sitúa a un nivel inferior a los existentes en la UE". Se refiere concretamente al intercambio de datos personales y las extradiciones, cuando la protección sobre datos privados en Estados Unidos es muy inferior a la europea y en ese país existe la pena de muerte y se aplica en numerosos Estados.

El documento también destaca "el importante riesgo de discriminación" que entraña una iniciativa española para que, en el seno de la Unión, exista "un formulario tipo" en el que sean incluidas personas y organizaciones susceptibles de cometer actos terroristas "antes de la ejecución de una acción terrorista". El perfil de esas personas tendrá en cuenta, dice el documento, "la nacionalidad, la edad, la educación, el lugar de nacimiento, las características psicosociológicas o la situación familiar".

Países como Bélgica, Austria o Alemania, señalan los autores del documento, han ampliado los poderes de los servicios secretos para tener acceso a las comunicaciones privadas o a los datos bancarios de sospechosos, mientras en el Reino Unido una nueva ley permite al ministro del Interior detener a extranjeros sospechosos de relación con el terrorismo o de constituir un peligro para la seguridad nacional sin que medie intervención judicial alguna, algo que también ha ocurrido en Suecia.

Infracciones políticas

En Alemania, la nueva legislación permite no renovar el permiso de residencia a extranjeros que cometan "infracciones políticas" y en Dinamarca una nueva ley permite la expulsión de cualquier extranjero que haya cometido un delito. En Grecia, en 2002 sólo se aceptaron un 0,4% de las miles de demandas de asilo presentadas, cuando antes el porcentaje rondaba el 10% anual.

En la parte general del informe, al margen de las iniciativas antiterroristas, el documento denuncia "el dato degradante" que supone la superpoblación penitenciaria, como ocurre en España y Reino Unido; el "nuevo esclavismo" ejercido en la inmigración o en la prostitución; el abuso que se produce en la difusión por toda Europa de "listas negras" de deudores o malos arrendatarios de viviendas, o "el peligro potencial" de la falta de pluralismo informativo en Italia (en alusión a las empresas de Berlusconi), junto a la persecución de periodistas en Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica por no desvelar sus fuentes.

Entre las referencias a España, figura la posibilidad legal de mantener incomunicados cinco días a detenidos por terrorismo, un extremo que puede originar casos de tortura que, si son denunciados, deben ser objeto de una investigación "rápida, eficaz e imparcial".

También indica que algunas órdenes judiciales de escuchas telefónicas en España "podrían tener una base legal insuficiente", o que, según una auditoría independiente, el 45% de las empresas españolas controla el uso de Internet de sus trabajadores y, el 24%, sus correos electrónicos sin que esté delante un delegado sindical.

La catedrática Teresa Freixes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido la representante de España en la elaboración del documento, también puso ayer de relieve el deterioro que se está produciendo en Europa en las políticas sociales: protección a menores, derechos de los hijos de inmigrantes o prestaciones a los trabajadores.