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ELECCIONES 25M | Las críticas a la reforma de la Ley Penitenciaria

La universidad vasca considera un "insulto" que se la vincule a ETA

El rector Montero afirma que es "falso" que privilegie a los etarras

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Manuel Montero, criticó ayer duramente al Gobierno por acusar a esta institución académica, "sin ninguna prueba ni fundamento", de privilegiar a los presos de ETA. El rector considera que acusar a la UPV de estar al servicio de los terroristas, como sugirió el ministro de Justicia, José María Michavila, es un "insulto" a la institución y a él mismo, que también está en la diana de ETA.

El rector de la universidad pública vasca desacreditó ayer las acusaciones en las que se basó el Gobierno para aprobar, en el Consejo de Ministros del viernes pasado, la reforma de la Ley General Penitenciaria para impedir a los etarras encarcelados estudiar en la UPV a partir del próximo curso.

Montero calificó la reforma legal de "escándalo democrático", porque "se ha dado por supuesto que la UPV es culpable", cuando se ha limitado a cumplir, dijo, "sus obligaciones constitucionales". En este sentido, subrayó que el Gobierno en ningún momento se ha dirigido al Rectorado para recabar información sobre los 258 etarras que están matriculados en la UPV (otros 10 estudian en la UNED) ni respondió a la oferta de facilitarle datos que el propio rector hizo a dos secretarios de Estado cuando se publicaron las primeras informaciones sobre los supuestos privilegios.

"No se puede sustituir la opinión del rector por las de un lobby mejor o peor informado", afirmó Montero en referencia a que el origen de la modificación legal es una reunión que el presidente del Gobierno, José María Aznar, mantuvo el pasado otoño con un grupo de profesores universitarios del País Vasco. Éstos le aseguraron que los etarras gozaban de privilegios, como notas desproporcionadamente altas, ayudas para libros o visitas de profesores con mayor frecuencia que los presos comunes.

Montero criticó que desde el Gobierno se haya lanzado "la especie de que la UPV es un cobijo de terroristas" y de que ésta les dé un trato de favor, algo que, aseguró, es "falso". El rector llegó a decir que de ser ciertas las acusaciones la universidad debería haber sido "intervenida" judicialmente y él mismo "detenido" como responsable máximo de los títulos que expide.

Montero exigió al ministro Michavila "una rectificación" por haber dicho que la reforma legal servirá para que la UPV "deje de ser un instrumento al servicio de los condenados por terrorismo". A juicio del rector, la consideración del ministro de Justicia resulta "absolutamente inadmisible". "O bien es una frivolidad, una sinvergonzonería, o fruto de la ignorancia", recalcó.

El máximo responsable de la UPV hizo un llamamiento al Gobierno del PP para que "retorne a las prácticas democráticas y al Estado de derecho", porque con esta medida ha dejado al margen las "prácticas constitucionales" para ejercer "prácticas inquisitoriales". Y es que, en opinión de Montero, el Ejecutivo que encabeza José María Aznar no sólo ha vulnerado la presunción de inocencia de la universidad vasca, sino que "ha vertido sospechas de culpabilidad" sobre sus más de 3.700 profesores. El rector se declaró preocupado por esta "falta de respeto" y "manipulación de la opinión pública".

Compromiso con la legalidad

La UPV "está comprometida con la construcción de la democracia, con la defensa del Estado de Derecho y de la legalidad constitucional", según proclamó Montero ayer en el campus de Leioa (Vizcaya). Era su primera comparecencia pública desde la aprobación de la reforma, que obligará a los presos, tanto de ETA como comunes, a matricularse en las universidades que tienen convenios con la Administración Penitenciaria. En este momento, sólo la UNED y la Universitat Oberta de Catalunya cumplen este requisito.

El rector aprovechó su intervención para agradecer a la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) y al Gobierno vasco el apoyo que le han transmitido. Al presidente del PNV, que la víspera había pedido a Montero que armara "una gorda" por la reforma legal, Montero le respondió que "saque a la UPV de la campaña electoral". Y dijo haber echado en falta esa "vehemencia" en Xabier Arzalluz cuando la UPV ha sido objeto de agresiones y amenazas.

Mora apoya el cambio

Gotzone Mora, docente de la UPV y portavoz de la plataforma Profesores para la Libertad, formada por enseñantes de la universidad pública vasca, defendió ayer el cambio legal aprobado por el Consejo de Ministros porque las nuevas medidas "lo que hacen es asegurar el derecho a la educación de los presos de ETA, pero a la vez dicen no a los privilegios". "Va a servir para bajar la tensión en la UPV y proporcionar verdaderamente el derecho a la educación, pero estudiando por su parte, a los presos de ETA", sostuvo.

En declaraciones a diversas agencias, Mora calificó de "indignidad" e "invitación a la violencia" las declaraciones del domingo del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien instó a la UPV a "armar una gorda" contra la reforma. Mora consideró además "profundamente desafortunadas" las palabras de ayer del rector Manuel Montero, porque a su juicio "niegan una evidencia: que hay privilegios para los presos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de mayo de 2003

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