"Hacienda no colabora para resolver la deuda universitaria; sólo quiere cobrar"

El secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Gracia Navarro, asegura que antes de finales de mes las universidades andaluzas contarán con un plan de amortización de la deuda que tienen contraída con la Agencia Tributaria, uno de los principales problemas que arrastran las instituciones académicas de la comunidad. Gracia afirma, además, que la Ley Andaluza de Universidades (LAU) entrará en vigor a comienzos de 2004.

Pregunta. ¿Cómo van las negociaciones de las universidades con la Agencia Tributaria para conseguir el pago aplazado de sus deudas?

Respuesta. Ha habido dos niveles de negociación. Primero hubo un intento desde la Consejería de Educación de intermediar con la Agencia Tributaria para que hubiese un trato favorable hacia las universidades en la amortización de la deuda, pero fue un fracaso porque el director de la Agencia nos dijo que las universidades no podían recibir un trato distinto en este asunto al que recibe cualquier otro contribuyente.

"Se firmará un plan de amortización en función de los ingresos de cada institución"

"Que la LAU no esté aprobada puede haber causado problemas, pero mínimos"

P. ¿Y qué se hizo entonces desde su departamento?

R. Ante esa situación de cerrazón y rigidez hablamos con la Consejería de Economía y Hacienda y la Comisión de Política Fiscal y Financiera consiguió que la Agencia Tributaria aceptase que la deuda contraída con ella por las universidades no computase como endeudamiento consolidado de la comunidad autónoma. La deuda que mantenían las universidades a 31 de diciembre de 2002 no va a computar como deuda de la Junta. Esto permite una solución, que es lo que ya estamos negociando entre las consejerías de Economía y de Educación y cada una de las universidades, que es la refinanciación de la deuda. Así, vía endeudamiento con un banco o con varios, las universidades podrán pagar a la Agencia Tributaria sin que les apliquen intereses de demora. Con esa autorización, las universidades están obligadas a hacer un plan de amortización que están supervisando ambas consejerías y que supondrá que esta deuda se va a amortizar con los bancos a lo largo de los próximos años.

P. ¿A cuanto asciende la deuda global de las nueve universidades con la Agencia Tributaria?

R. Alrededor de 125 millones de euros, según los datos auditados del ejercicio de 2002. Ahora se está determinando cuál es la situación de deuda real no sólo con la Agencia Tributaria, si no también con los proveedores. Luego se firmará un plan de amortización de esta deuda en función a los ingresos de cada institución según lo dispuesto en el plan de financiación. Ya hay analizadas cuatro universidades y creo que para mediados de mayo se tendrá cerrado el asunto y sólo quedará firmar el acuerdo que autorice el endeudamiento de las universidades y la amortización de la deuda, con el fin de que en 2006 todas cumplan con el objetivo de la suficiencia financiera. Lo único cierto es que todo esto parte del esfuerzo de la Junta, porque la Agencia Tributaria no ha colaborado en nada y sólo quería cobrar el dinero que se le debía.

P. La comunidad universitaria muestra cierta intranquilidad por el retraso en la aprobación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) ¿A qué se debe esta demora?

R. Esperamos que esté aprobada para finales de este año. La semana pasada dio su informe el Consejo Económico y Social y en esta semana la remitiremos al Consejo Consultivo, que tiene un mes para su análisis. Después de tanto trámite como ha pasado, proceso que es lento pero muy riguroso, calculo que para primeros de junio llegará al Parlamento y que a la vuelta de las vacaciones se aprobará. Esperamos que a comienzos de 2004 esté ya en vigor.

P. Las universidades se quejan de que este retraso les está afectando en aspectos como la contratación de profesorado o la elaboración de los nuevos estatutos...

R. Uno de los temas que más inquieta es el de la inexistencia de la Agencia Andaluza de la Calidad, es cierto, pero tampoco es preocupante porque ahora mismo existe la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca). Es un tema que hemos discutido y ha habido presiones para que se crease de forma provisional una agencia andaluza. Pero nosotros queremos que adquiera mayor relevancia y asuma nuevos compromisos como es la evaluación del Plan Andaluz de Investigación. Por lo tanto asumirá tres pilares básicos como es la evaluación institucional, del profesorado y la del Plan de Investigación. Es una apuesta fuerte y por eso se ha destinado una inversión importante [3 millones de euros en este ejercicio]. En cuanto a los estatutos, los rectores conocían ya el borrador de la LAU y ya sabían por donde iban los tiros. No ha habido grandes cambios conceptuales en la ley. El no haber tenido la ley desarrollada con anterioridad puede haber originado problemas, pero creo que han sido mínimos. Los rectores han hecho unos estatutos flexibles y abiertos y creo que no les ha afectado mucho que la LAU no esté aprobada. Pero esto no es culpa nuestra, la verdad es que no hay ley que tarde menos de un año en aprobarse en la Junta.

P. ¿Se cumplirá en 2006 lo recogido en el dictamen parlamentario sobre universidad de destinar el 1,5% del PIB a esta enseñanza?

R. Ahora mismo, lo que está comprometido se está cumpliendo al pie de la letra. Pero cuando lleguemos a ese horizonte de 2006 no vamos a parar, seguiremos creciendo. Es más, cuando la apuesta del Gobierno andaluz es por la sociedad del conocimiento, la universidad es un elemento clave. Por qué marcar un horizonte numérico si éste puede ser mejor. Si la economía va mejor o por una decisión política se decide ir a más del 1,5% del PIB que pasa, que ya por ley te limitas a esa meta. Sería mucho más fácil hacer lo que ha hecho el PP en el Parlamento andaluz, que ha presentado una proposición de ley, con una deslealtad política e institucional manifiesta, porque es una mala copia de nuestra ley, para que se destine el 1,5% del PIB a Universidad antes de 2006. Creo que en una ley no se debe entrar en esos detalles, si no que es un asunto de voluntad política.En esta legislatura ha habido un compromiso financiero que se está cumpliendo y que supone un incremento de más del 50% del presupuesto global de las universidades.

P. Los estudiantes pueden estar tranquilos de que se mantendrá una sola prueba de acceso a la universidad.

R. La LOU establece que cada universidad y en concreto cada centro pueda hacer una prueba de admisión, lo que creemos que es una fórmula bastante injusta y desigual para los alumnos. Por eso la LAU va a mantener el distrito único. Bien es cierto que no podemos obligar por ley porque existe una ley orgánica por encima, pero sí tenemos un consenso con todos los rectores para mantener el actual sistema del distrito único y que una sola prueba valga para acceder a cualquiera de las universidades andaluzas. No tendría sentido que un alumno tenga que estar haciendo peregrinación por todas las provincias haciendo todo tipo de exámenes. Porque, ¿quién le paga esos viajes a los alumnos? Además de ser una incoherencia estamos en contra de la desigualdad que establece ese tipo de fórmula de acceso.