La futura ley de cooperación de Andalucía obliga a evaluar cada año el cumplimiento de las ayudas

La futura ley andaluza de cooperación internacional obligará a la Junta a evaluar cada año el cumplimiento y la eficacia de los proyectos financiados con fondos autonómicos. El borrador preparado por la Consejería de Presidencia defiende una visión de la cooperación a medio plazo como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible en los países beneficiarios en detrimento de los proyectos aislados y obliga a las ONG a inscribirse en un registro para optar a subvenciones. El Consejo Andaluz de Cooperación asesorará a la Junta en la materia.

La Consejería de Presidencia se encargará de elaborar un informe de evaluación cada año que analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Andaluz de Cooperación, así como las conclusiones obtenidas tras evaluar proyectos ya finalizados. El anteproyecto contempla la evaluación del impacto, la eficiencia y la sostenibilidad de cada uno de los proyectos de cooperación financiados por la Junta.

Como principios rectores de la futura ley el anteproyecto cita, entre otros, el respeto de los derechos humanos, el fomento de la paz y la convivencia y el apoyo a las iniciativas dirigidas a disminuir las desigualdades entre los pueblos. Dentro del ámbito de aplicación de la ley se incluirían también las actuaciones de la Junta de Andalucía dirigidas a sensibilizar e informar a la población andaluza sobre la realidad de los países en vías de desarrollo.

El texto establece prioridades geográficas y sectoriales. Y así se primarán las ayudas dirigidas a países de Iberoamérica, Oriente Medio y las zonas de África de las que salen inmigrantes hacia España como el Norte y el África subsahariana. La política de cooperación considerará prioritarios los proyectos relacionados con los servicios sociales (educación básica, salud primaria y reproductiva, saneamiento y acceso al agua potable y seguridad alimentaria), el fortalecimiento de las estructuras democráticas, la promoción de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, la formación, la creación de empleo y la protección del medio ambiente, entre otros. La planificación de la cooperación se articulará a través del Plan Andaluz de Cooperación, que tendrá una duración de cuatro años, y que se desarrollará en documentos anuales.

El borrador de la ley señala que sólo las organizaciones que estén inscritas en el registro de agentes de la cooperación para el desarrollo en Andalucía podrán tener derecho a recibir subvenciones autonómicas. La creación de este registro está prevista en el texto, que establece dos requisitos fundamentales para tener la consideración de agente de la cooperación: carecer de ánimo de lucro y tener como fin la realización de actividades de cooperación.

El anteproyecto elaborado por la Consejería de Presidencia, que ha sido enviado ya al Consejo Económico y Social y a las Organizaciones No Gubernamentales, entre otros, incluye también la constitución de un Consejo Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, un órgano adscrito a Presidencia que tendrá carácter consultivo y en el que estarán representados la Administración autonómica, las ONG de desarrollo, las universidades y agentes sociales, entre otros.

Dependencia externa

Uno de los objetivos de la futura legislación es evitar la ejecución de proyectos aislados dirigidos sólo a proveer recursos al considerar que "conduce fácilmente a que el país destinatario de la ayuda se adapte a esa situación, generando, en consecuencia, una mayor dependencia externa".

Por el contrario, la Junta aboga por la redacción de programas a medio plazo encaminados a impulsar un desarrollo sostenible en el país receptor de los fondos. La Ley de Presupuestos fijará anualmente los créditos destinados a las ayudas al desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Plan Andaluz de Cooperación, los planes anuales y otros programas operativos.

La elaboración de una ley autonómica sobre cooperación internacional es uno de los compromisos que figura en el Pacto Andaluz por la Solidaridad, firmado en 1998, aunque los primeros proyectos de cooperación de la Administración andaluz se remontan a la década de los ochenta, cuando la Consejería de Obras Públicas y Transportes impulsó la rehabilitación de viviendas en diferentes ciudades iberoamericanas.

En 1989 se suscribió el primer convenio marco de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Junta de Andalucía mediante el que se establecían áreas geográficas y sectores prioritarios para las ayudas.