El freno del PP a la fusión de Gas Natural e Iberdrola irrumpe en la campaña electoral
El presidente Pujol atribuye el fracaso de la operación a "un ataque centralista del Gobierno"
El sonado intento de Gas Natural, controlada por La Caixa, por hacerse con la segunda eléctrica de España, Iberdrola, para crear un gigante energético en Europa está en punto muerto. Pero la agonizante operación, frenada por los miembros próximos al PP que integran el organismo que regula el sector, ha venido a insuflar calor a la inminente batalla electoral. Fuentes del Gobierno catalán señalan que el trasfondo político del parón a la fusión energética será "uno de los ejes de la campaña". Ya hoy, las críticas al supuesto centralismo del PP opuesto al avance de una empresa catalana en España, ha irrumpido con fuerza en la precampaña, llenando la boca de presidentes, consejeros y alcaldes de todos los partidos.
"A los políticos se les ha pedido discreción". Hace casi dos meses, y consciente de que su sorpresiva oferta para adquirir Iberdrola no iba a ser ningún camino de rosas, Gas Natural tomó sus cautelas para que el proyecto no se malograra por la contaminación política.
El contexto de una operación adjetivada de "imbatible" por el presidente de la gasista, Antoni Brufau, era el siguiente: el primer accionista de su empresa es el único peso pesado catalán del mundo financiero, La Caixa, con sede en Barcelona y dueña del primer grupo industrial de España. La propia Caixa controla también el segundo accionista de Gas Natural, Repsol. Y sin embargo, Repsol, presidida por Alfonso Cortina, nombrado por el Gobierno, rechazó de modo fulminante la fusión con Iberdrola.
Para no pisar callos, Brufau, que como presidente del Círculo de Economía ha hecho bandera de la descentralización económica cara a cara con el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, había sido cuidadoso en los detalles. Un revelador botón de muestra: el diseño del proyecto incluso preveía una sede triangular (Barcelona, Bilbao y Madrid) para la empresa fusionada.
Los vascos, a favor
Pese a que el Gobierno catalán y los partidos de la oposición se limitaron desde un primer momento a elogiar "los planteamientos técnicos" de una hipotética fusión y pese a que también el Gobierno del PP aparentó una neutralidad exquisita, el fulminante rechazo del PP en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha acabado por detonar una auténtica explosión política en Cataluña.
Salvo el Partido Popular, ningún partido catalán se cree los argumentos, hasta ahora sin desarrollar, de la CNE para desautorizar la oferta de Gas Natural sin ni siquiera darle la oportunidad de acorralarla con draconianas condiciones imposibles de cumplir. Ayer, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, fue lejos. A juicio de Pujol, de visita por el Baix Llobregat, se trata de "un ataque más de la imposición centralista del Gobierno del PP". Y dejó caer: "Hace una semana, un personaje importante de Madrid me dijo sobre la fusión, '¿pretende usted que la empresa energética más importante de España tenga su sede en Barcelona?'. Tiene que estar en Madrid". Al presidente incluso se le escapó que la operación "contaba con el visto bueno del Gobierno vasco, pese a que Iberdrola sea de Euskadi".
Su ejército de consejeros, empezando por el conseller en
cap, Artur Mas, y siguiendo por Francesc Homs (Economía) y Antoni Fernández-Teixidó (Trabajo, Industria y Turismo), se ha desatado también con diatribas contra el "intervencionismo" y el "absolutismo del PP". En concreto, Homs declaró ayer: "Como detrás de este proyecto hay dos cajas catalanas
, se ha puesto de manifiesto el recelo político y la injerencia política del Gobierno, que ha hecho que la CNE diga no".
El propio Ejecutivo de CiU ha sido blanco de críticas de las fuerzas de oposición catalanas, también por "injerencias políticas" en materia de cajas, debido a las maniobras legales que han forzado el reciente relevo en la cúpula de La Caixa, que preside Ricard Fornesa. Su predecesor, Josep Vilarasau, dejó el cargo con un alegato a la "independencia" de la tercera entidad financiera española.
Ayer, en plena marcha por el Primero de Mayo, destacados representantes del PSC, ICV y ERC lanzaron también duras críticas contra el "intervencionismo" del PP y su impacto sobre el menguante poder empresarial de Cataluña.
El primer secretario del PSC, Josep Montilla, criticó el talante "absolutamente intervencionista" del PP. Joan Saura, presidente de ICV, lamentó la "pérdida de poder industrial y empresarial de Cataluña" a raíz de la decisión mayoritaria del regulador de la energía y acusó al PP de querer "centralizar en Madrid todo el poder económico". En la misma línea, Josep Huguet, portavoz parlamentario de ERC, cargó contra un PP "anticatalanista" que quiere "interferir en la actividad de las empresas en Cataluña y perjudicarlas".
Este caldeado ambiente, que ya se produjo hace unos días, cuando trascendió la supuesta intención de José María Aznar de limitar al 3% los derechos políticos de las cajas en bancos y empresas (la principal afectada sería La Caixa), marca el arranque de la campaña para los comicios municipales del 25 de mayo. "El trasfondo político de la OPA será uno de los ejes de la campaña", manifiesta un miembro del Gobierno de CiU.
"Cualquier tema de calado para un país es lógico que trascienda en una campaña, pero no se debe frivolizar, no hay que explotarlo para obtener más votos, sino intentar resolverlo", replica Antoni Castells, secretario de Economía del PSC. Para Castells, lo ocurrido con la OPA "es una decisión de gran trascendencia política. Habrá un antes y un después". El PSC subraya que el problema de fondo es la supeditación de la economía catalana en buena parte a un poder político central "que hace lo posible para no ayudarla". Por ello reclama un cambio de Gobierno en Madrid, que se traduzca en organismos reguladores independientes, y más poder para Cataluña.
En el eterno debate sobre el centralismo, renovado involuntariamente por la OPA, el PP rechaza los "fantasmas". Así lo hizo ayer el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué,
quien, como Rato, reiteró que el Gobierno no ha intervenido en la decisión, informa desde Gavà Glòria Ayuso. Quienes "han querido politizar" la decisión de la CNE, dijo Piqué, "hacen electoralismo y engañan a los ciudadanos".
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