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Tres faltas y dos delitos se tramitan por juicio rápido el primer día

La descoordinación y los problemas informáticos marcan el estreno de la norma

El primer día de entrada en vigor de los juicios rápidos puso, ante los juzgados de guardia de Alicante y Valencia, 62 causas susceptibles de tramitarse por la nueva ley, ninguna en Castellón. De ellas, cinco correspondieron a Alicante (tres faltas y dos delitos) y 57 a Valencia (siete delitos y 50 atestatos por faltas). Del total de causas, sólo se celebró el juicio de tres faltas y dos delitos. Problemas de coordinación, ausencia de servicios esenciales, como el laboratorio de toxicología en Valencia, y colapsos en la red informática frustraron la aplicación correcta de la norma.

Los incidentes se sucedieron desde primera hora de la mañana. De hecho, ayer no se celebró ningún juicio rápido por delito, excepto una conformidad que hubo en Valencia por un intento de robo de radiocasete, que fue sancionado con ocho meses de prisión, frente al año que le correspondería al autor de los hechos de no haberse acogido a la conformidad. Se celebraron únicamente dos juicios por faltas en Alicante. En Valencia, se celebró juicio en dos de los cinco delitos y una de las cinco faltas, las otras cuatro serán enjuiciadas entre hoy y mañana. Del total de 50 atestados entregados por la policía como supuestas faltas, sólo se tramitaron como tales cinco.

La policía, en Alicante, no practicó las diligencias preceptivas a que obliga la nueva ley porque, según explicó el comisario jefe, el marco legal no estaba vigente. Los funcionarios protestaron por la escasez de plantilla para afrontar el nuevo procedimiento. La informática jugó malas pasadas: la aplicación Cicerone de la Generalitat funcionó de forma intermitente; la agenda única que ha informatizado el Ministerio de Justicia estuvo colapsada varias horas; no se pudo consultar antecedentes y, entre otras cosas, no estuvo disponible en Valencia el laboratorio de toxicología, por lo que unos detenidos en posesión de una sustancia que supuestamente era hachís no pudieron pasar a disposición judicial.

La jornada de ayer en Alicante fue el retrato de la falta de previsión, que abortó la celebración de tres de los cinco enjuiciamientos que debieron celebrarse por el nuevo procedimiento legal. Cinco personas fueron arrestadas durante el pasado fin de semana por distintas infracciones. A primera hora de ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia calificó los hechos: tres faltas y dos delitos. Según el recién estrenado código penal, las faltas se juzgarán en un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de siete días, y se sentenciarán en el mismo acto o en un máximo de tres días.

Las diligencias practicadas fueron remitidas al juzgado de guardia competente en materia de faltas y cuyas funciones, ayer, fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante. Pero sólo dos de los tres detenidos por faltas fueron enjuiciados, y condenados a multas de 125 euros y 45 euros por abofetear y tener una actitud violenta ante un policía. Uno de ellos, acusado por agredir y amenazar a su compañera sentimental, no llegó a ser juzgado, según el fiscal de guardia, José Llor. La presunta víctima no fue citada a declarar -función asignada, según la nueva Ley, a la policía- y, por tanto, tampoco, fue reconocida por el médico forense. El hombre quedó en libertad y el juicio se señaló para el próximo lunes, según informó la letrada del acusado, Isabel Moltó.

Los otros dos arrestados, cuyas detenciones se practicaron durante la noche del sábado, fueron enjuiciados y sentenciados con sendas multas por desobediencia a la autoridad, informa David Cerdán.

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En la ciudad de Valencia estuvieron ayer de guardia los juzgados de instrucción número 19 y 20. Según fuentes judiciales, la coordinación entre la policía y los juzgados funcionó "razonablemente bien". Los atestados sí fueron entregados a los jueces a las nueve de la mañana. Sin embargo, hubo importantes disfunciones entre la calificación de las causas hecha por la policía y la que después hicieron los magistrados. De 50 atestados entregados como supuestas faltas a enjuiciar por la nueva ley, sólo tres fueron consideradas así.

La policía trasladó a los juzgados ayer a 10 detenidos, supuestamente autores de otros tantos delitos. De ellos, se incoaron diligencias en siete (cinco por vía de urgencias). A última hora de la tarde, habían sido condenados cuatro, de dos causas distintas, pero no por la celebración de juicio sino porque se conformaron con una pena menor acordada por fiscal y letrado.

En Castellón, el juzgado de instrucción número 2, en funciones de guardia recibió tres detenidos, pero no celebró ningún juicio rápido ya que, al parecer, ninguno de ellos reunía la tipología susceptible del nuevo procedimiento que precisara tramitación de urgencia. En cualquier caso, la falta de previsión hubiera dificultado el normal proceso ya que la agenda única y el modelo de diligencias urgentes no estuvieron disponibles para los funcionarios. No tenían la clave de acceso, unido a los problemas técnicos que se sucedieron, María Fabra.

Inversión, pero poca

El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, repitió ayer los miles de euros que la Generalitat tiene previsto dedicar para informes periciales (309.014) y traductores (553.778). Peritos y traductores han sido también voces críticas ante la entrada en vigor de la Ley de Juicios Rápidos. La razón fue básicamente la falta de recursos. La Generalitat no tiene cuerpo de peritos ni de traductores. Son acuerdos con empresas y colegios profesionales que en teoría deben responder a las necesidades en tiempo y forma que requiere la celebración de un juicio rápido. La Generalitat tiene firmado un contrato con una empresa de traductores que obliga al especialista a estar allí donde se le requiera en menos de tres horas. Es cierto que ese modo de funcionar se ha descentralizado, es decir que cada provincia tiene a su disposición determinados traductores, a los que también se les exige que si uno de ellos está en Dénia en un juicio y se requiere su servicio en Orihuela, tenga que estar en menos de tres horas. Ahora bien, y tal como se pudo comprobar durante el pasado año y hasta que ayer entraron en vigor los juicios rápidos, son muchas las ocasiones en las que la falta de disponibilidad de traductores retrasa de forma considerable la celebración de un juicio. Según fuentes jurídica y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez son más los casos de detenciones de personas que hablan idiomas de los que hay escasos traductores, es el caso de muchos de los dialectos chinos y alguna variante árabe.

Aunque las traducciones más comunes son de alemán, inglés, francés, italiano o portugués, cada vez son más de rumano, ruso, checo. Y el pasado año los jueces reclamaron traductores de urdú, albanés, ucraniano, serbocroata, moldavo, hindú, lituano, bosnio.

Algo parecido ocurre con los peritos. La Generalitat ha firmado acuerdos con colegios profesionales, como por ejemplo el de psicólogos. Eso significa que si en un juicio rápido es necesario determinar si el autor de unos hechos determinados tenía o no la voluntad afectada o actuaba o no bajo los efectos del alcohol, el colegio debe tener a un especialista disponible que a la mayor brevedad emita un informe.

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