Venezuela detiene a un etarra y le mantiene arrestado hasta decidir si le extradita

El presunto etarra Luis María Olalde se entregó el pasado miércoles a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de Venezuela, después de que un tribunal de Caracas ordenase su detención. Olalde es uno de los siete etarras cuya extradición ha solicitado el Gobierno español. El Tribunal Decimocuarto de Control del Área Metropolitana de Caracas decidió el pasado jueves que Olalde permanecerá arrestado en la sede de la policía de Estado y no en un centro penitenciario común, para garantizar más su seguridad.

La orden de captura de Olalde fue acordada en mayo de 2002, a solicitud del fiscal primero nacional con competencia en Extranjería, David Palís. Una medida similar pesa sobre Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Jesús Ricardo Urteaga Repulles, Martín San Sebastián Aguirre, Ramón Sagarzazu Gaztelumendi y José Lorenzo Ayesterán, quienes no se han presentado ante las autoridades ni han sido localizados por éstas.

La causa con respecto a Olalde será remitida al Tribunal Supremo, que deberá convocar una audiencia oral. A ella deberán presentarse un fiscal del Ministerio Público, el detenido, su abogado y un representante del Gobierno español. El Supremo tendrá luego un plazo de 15 días para decidir sobre la extradición.

Una vez notificada la detención de Olalde, el alto Tribunal deberá enviar un oficio al Gobierno español para que presente la documentación judicial necesaria que fundamente la petición de extradición.

Reproches a Chávez

La presencia de etarras en suelo venezolano ha sido uno de los asuntos conflictivos de la relación entre los gobiernos de España y Venezuela, especialmente a partir de 1999, cuando asumió el poder el presidente Hugo Chávez, a quien la oposición acusa de proteger a diversos grupos ilegales, entre ellos la guerrilla colombiana y ETA.

Portavoces del Gobierno venezolano han insistido en señalar que los etarras reclamados por España se encuentran en el país desde finales de los años 80, cuando llegaron amparados por un convenio bilateral. Fuentes próximas a estos presuntos terroristas indican que la mayoría de ellos han formado una familia y se han integrado en la democracia. No obstante, representantes del Gobierno español y de sectores adversos a ETA han explicado que en los últimos años han mantenido contactos con militantes de la organización terrorista para reincorporarse a las actividades ilegales.

Recientemente, el presunto etarra Arturo Cubillas denunció ante la Defensoría del Pueblo que grupos policiales venezolanos le sometían a seguimiento. Cubillas fue detenido hace tiempo y puesto en libertad poco después ya que no figuraba en la lista de busca y captura entregada por España.