El TSJA niega a la Junta la competencia de poder inspeccionar a Cajasur

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que niega a la Junta de Andalucía la potestad para inspeccionar a Cajasur, la caja cordobesa fundada por la Iglesia católica y presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA entiende que tras acogerse Cajasur a la Ley Financiera, la competencia de la inspección ha pasado al Ministerio de Economía en detrimento de la Administración autonómica.

Este auto impone esta medida cautelar como consecuencia de un recurso presentado por la caja contra la inspección que la Consejería de Economía andaluza inició en Cajasur en septiembre del año pasado. La Junta suspendió esta inspección en febrero, poco antes de presentar una denuncia contra la caja ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de falsedad documental y apropiación indebida de 10,3 millones de euros. La base de la denuncia de la Junta es, precisamente, la inspección que se realizó en la caja.

La Consejería de Economía restó importancia a este auto, que ayer todavía no le había sido notificado, toda vez que es una medida cautelar y no una sentencia. El Gobierno andaluz mantiene que, tras acogerse a la Ley Financiera, Cajasur sólo depende del Ministerio de Economía para la aprobación de los estatutos y de su obra social, pero que el resto de competencias las sigue conservando, entre otras la facultad inspectora.

El auto del tribunal afirma que no se aprecia "una perturbación grave de los intereses generales o de terceros porque la adopción de la medida no supone que la actividad de la entidad no sea controlada o inspeccionada, sino que lo será por el Ministerio de Hacienda para su continuación" y ordena "la suspensión de la actividad inspectora en Cajasur ordenada por la Consejería de Economía".

En un auto anterior, el TSJA ya ordenó la suspensión de la actividad en Cajasur de los inspectores de la empresa KPMG, que cumplían labores auxiliares de los funcionarios de la Junta en la inspección de la caja.

La caja hizo una interpretación mucho más optimista del auto. El jefe de los servicios de Cajasur, Diego Jordano, afirmó que tras este auto la denuncia que presentó la Junta ante la Fiscalía Anticorrupción carece de base legal porque el TSJA entiende que la Administración andaluza no era competente para realizar la inspección desde el momento en que Cajasur se acogió a la Ley Financiera, en diciembre de 2002.

El secretario regional del PP, Antonio Sanz, interpretó la resolución del TSJA como un "varapalo judicial" que confirma "las irregularidades" cometidas la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en su "cacería" a Cajasur.