Los arquitectos cuestionan una ley que pone en peligro intervenciones pasadas y futuras

"No se ha tocado ni una sola piedra romana. Las piedras romanas están en muchas casas de los saguntinos y también se las llevaron para construir, por ejemplo, el monasterio de Sant Miquel dels Reis", indica el arquitecto Juan José Estellés, que fue director de las obras en la intervención de restauración del Teatro Romano. "El monumento se ha ha hecho por personas competentes, se ha debatido, se ha usado y ha demostrado ser útil y digno para todo tipo de representaciones", añade, al tiempo que, sin entrar en valoraciones jurídicas, recuerda que es patrimonio de todos, propiedad de la Generalitat, y por tanto del Estado. "El público puede disponer de su propiedad", agrega.

Más político se muestra Oriol Bohigas, quien ha defendido en numerosas ocasiones el proyecto. Ayer fue tajante: "Es una barbaridad típica del PP, un acto de incultura, de desconocimiento, de desprecio a la arquitectura, que nos retrotrae a un conservacionismo lleno de caspa. Un precedente peligroso".

A título particular, el decano del Colegio de Arquitectos dice que la sentencia viene a cuestionar la ley de Patrimonio que la ampara, sin dudar de la legalidad de su aplicación. "Y es peligroso para actuaciones pasadas y futuras, que pueden ser cuestionadas, como la de Sant Miquel dels Reis, por ejemplo". agrega. En este sentido, señala la polémica intervención de Rafael Moneo en el Museo del Prado, cuyo cuestionamiento ha sido invalidado por el respaldo político. "Es duro que en un programa electoral se incluya deshacer una intervención", finaliza, al tiempo que anuncia la apertura de un debate sobre la necesidad de modificar la ley.

Sin nada detrás

También abunda en esta cuestión el ex decano Alberto Peñín. "La Ley de Patrimonio tiene defectos y errores", apostilla, después de explicar que no se puede acometer una operación de derribo si detrás "no hay otro proyecto". "No se puede derruir sin más y ¿por qué se ha de bajar el muro hasta 1.20 metros, y no hasta dos metros, por ejemplo", añade. O si se tira la escena, ¿qué se piensa hacer en la escena? Preguntas que surgen al analizar el uso que se le quiere dar al monumento. "Si no sabemos qué queremos hacer [la sentencia] es inejecutable", concluye.

El proyecto arquitectónico de Grassi y Portaceli siempre generó polémica. Pero su derribo parece conciliar opiniones, incluso de aquellos que se manifiestan abiertamente contrarios. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por ejemplo, se ha pronunciado contra el derribo. "Si la restauración se hizo mal en una determinada época, peor sería destruirlo ahora", ha dicho su director González de Amezúa. Un grupo de arquitectos y expertos valencianos, como Vicente González Móstoles y Rafael Ribera, inició la recogida de firmas para pedir el "indulto" del teatro hace unos meses. Arquitectos como Juan Navarro Baldeweg, Solà-Morales o Guillermo Vázquez Consuegra también han defendido la intervención.

El portugués Álvaro Siza volvió a hacerlo en su reciente visita a Valencia en marzo. "Es un trabajo de gran calidad y un verdadero discurso de la historia de la arquitectura que pone y soluciona muchos problemas. Debajo de ese proyecto, hay mucho estudio. No es un caso único en el tratamiento de ruinas. Demoler es otro despilfarro", declaró entonces al diario Levante.

También se mostró abiertamente contrario en EL PAÍS el que fue inspector general de Monumentos del Ministerio de Cultura, el arquitecto Antón Capitel. "Cámbiese la ley si es demasiado equívoca, si se cree que no funciona: pero no se tome como base para disponer aberraciones culturales, como resulta la de declarar culpables a arquitecturas autorizadas tanto de forma política y legalmente legítima como de absoluta buena fe: con la intención de mejorar el patrimonio histórico, aunque ello no sea compartido por muchos".