17 directores de escuelas de Tarragona dimiten en protesta contra Enseñanza

Todos los directores de los centros públicos de primaria de la ciudad de Tarragona, excepto uno y por causas personales, dimitieron ayer en bloque de sus cargos como protesta contra la política de Enseñanza, a la que acusan de favorecer a los centros privados. El detonante ha sido la decisión del departamento de conceder dos nuevas líneas de P3 en dos escuelas concertadas, "cuando en los centros públicos hay plazas de sobra para redistribuir a los niños", afirmó ayer Jaume Mosté, presidente de la junta de directores de Primaria.

Mosté explicó que la decisión de la delegación de Enseñanza en Tarragona ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del descontento de los docentes por la política "de favorecer a los centros concertados, lo cual impide la buena distribución del alumnado, incluyendo a los de origen inmigrante, que siempre acaban en los centros públicos". El conflicto se inició cuando Enseñanza comunicó su decisión de ampliar cuatro líneas de P-3, dos en escuelas concertadas y dos en escuelas públicas. Una de los centros concertados beneficiado es el de El Carme, situado muy cerca del CEIP Serrallo, que dispone de plazas de P3 todavía por cubrir.

La comunidad educativa teme que esta situación aboque al CEIP Serrallo a ser la escuela receptora de los alumnos que lleguen una vez comenzado el curso, mayoritariamente inmigrantes. El Serrallo ya dispone de un amplio alumnado de procedencia extranjera, y los directores dimisionarios sostienen que existe el riesgo de que la escuela se convierta en un gueto. Claudio Pérez, director de este centro, solicitó que la comisión de matrículas fuera la encargada de distribuir de forma homogénea a los alumnos entre los centros.

Declaración de principios

En una reunión celebrada el pasado día 10 se llegó a un principio de acuerdo, que quedó definitivamente roto en la mañana siguiente. Este hecho llevó a Claudio Pérez a presentar la dimisión, que no le fue aceptada. Los 18 directores del resto de escuelas de Tarragona se solidarizaron con su homólogo y todos, excepto uno que se encontraba fuera de la ciudad realizando colonias, presentaron en el registro su dimisión, acompañada de una declaración de principios. En ella denuncian su desacuerdo con "la ampliación de plazas escolares cuando existen suficientes para cubrir la demanda en escuelas cercanas"; reclaman una política educativa "decidida, que compense las desigualdades que representan las diferentes procedencias culturales y sociales de los alumnos" y demandan una actuación rigurosa de la comisión de matriculación para garantizar la mayor cohesión social en las escuelas.

Por su parte, el delegado de Enseñanza en Tarragona, Xavier Bagés, avanzó ayer que no acepta la dimisión de los directores, "que son los mejores profesionales de la ciudad de Tarragona". Bagés anunció que hoy o el próximo lunes se pondrá en contacto con ellos y les explicará los motivos de la adjudicación de las nuevas líneas de P3 en los dos centros concertados. "El 40% de las familias catalanas no escoge la escuela pública para sus hijos, y eso es así", concluyó Bagés.

Un portavoz del Departamento de Enseñanza se limitó a comentar ayer que "se han abierto las nuevas líneas concertadas para cubrir las necesidades de la población", y subrayó el derecho de las familias a escoger el centro donde quieren que estudien sus hijos. "La labor de la Administración es hacer posible esto", explicó. Los docentes, en cambio, consideran que el derecho de los padres no debe comportar que los centros privados que reciben fondos públicos, "amparándose en su confesionalidad, no acojan a alumnos procedentes de otras culturas, religiones o con necesidades educativas especiales", explican en su declaración de principios. Los profesores llaman además a la ciudadanía a participar en una concentración de protesta frente a la delegación de Enseñanza el próximo lunes a la una de la tarde.

La problemática que señalan los directores de estos centros no es nueva. Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili publicado el pasado enero advertía del peligro de creación de guetos en algunas áreas de la provincia de Tarragona. Este análisis indicaba que existen escuelas de Primaria en las que la proporción de inmigrantes alcanza el 40% del alumnado, mientras que en las escuelas privadas concertadas no llega al 0,25%.