El TSJ ordena a la Generalitat tirar el muro de la escena y levantar las gradas del Teatro Romano

El Ayuntamiento de Sagunto tampoco ha hecho pública ninguna valoración del auto. El alcalde del PP de la población de la comarca del Camp de Morvedre, Silvestre Borrás, ha sido muy cauto en sus declaraciones respeto al futuro del Teatro Romano y siempre ha recordado que hay una sentencia de obligado cumplimiento. De hecho, el pleno del Ayuntamiento aprobó un acuerdo en la que manifestaba su voluntad de que la ejecución de la sentencia "posibilite su reversión y continuo uso cultural". También se hicieron unas consideraciones en el acuerdo plenario relativas a que las obras de reversión supondrá un gasto superior al ya efectuado en el monumento". Diversas asociaciones de vecinos y comerciantes de Sagunto se han manifestado en contra de tirar abajo la premiada intervención de Grassi y Portaceli y han reclamado que se concluyan las obras paralizadas en 1993 por el recurso interpuesto por Marco Molines.El auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano sobre el Teatro Romano de Sagunto conocido ayer acaba con diez años de litigios. La obra de rehabilitación del teatro proyectada por Grassi y Portaceli a finales de la década de los ochenta, por encargo de la Generalitat, entonces gobernada por los socialistas, tendrá que ser derribada en gran parte. Una obra que no ha dejado de generar polémica desde sus inicios y que sus propios autores y los primeros informes han considerado siempre reversible.

El Teatro Romano de Sagunto, seguramente construido entre los reinados de Augusto y Tiberio, en el siglo I, es monumento nacional desde que se aprobó el Real Decreto de 28 de agosto de 1986. Dos años antes, en 1984, el director general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Tomàs Llorens, encargaba a Portaceli el proyecto de restauración del teatro y su entorno con el fin de dotarlo de uso. No en vano, las ruinas del emblemático monumento saguntino ya habían sufrido varias reformas, muchas de ellas sin criterio, a lo largo de los siglos XIX y XX.

La ejecución de este proyecto polémico provocó el inicio de un largo proceso judicial impulsado, principalmente, por el militante popular y posteriormente diputado autonómico Juan Marco Molines. Ya en 1993, y cuando las obras del teatro estaban casi acabadas, el TSJ decretó la suspensión de las mismas. Sin embargo, el auto fue recurrido por la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, ambos socialistas.

Con la llegada del PP a la Generalitat, se retiró en 1995 del pleito, en el convencimiento de que el Ayuntamiento mantendría el recurso. La razón, según recoge la sentencia del TSJ, fue que "el proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas, lo que supone, por lo tanto, una infracción de los límites de la Ley de Patrimonio vigente".

En 1999, el Tribunal Supremo ratificó la paralización de las obras ordenada por el TSJ de la Comunidad Valenciana en 1993. Pese a todo, durante este tiempo, el teatro ha sido utilizado por la Generalitat y por el Ayuntamiento, tanto en gobiernos del PSPV como del PP, y se han incorporado al recinto mejoras temporales.

La sentencia dictada en octubre de 2000 por el Supremo declaraba ilegal la restauración del coliseo. "La obra de restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto supone una reconstrucción del mismo y en algunos casos una simple construcción de un teatro romano, al ignorarse la forma que los elementos reales tenían" señalaba el fallo del alto tribunal, que, no obstante, añadía que "el rechazo de la legalidad del proyecto no supone en modo alguno su desautorización desde el punto de vista estrictamente cultural, artístico o arquitectónico". Y añadía que "nada habría que objetar, en principio, a quienes consideran el proyecto como una actuación ejemplar que respeta simultáneamente la historia del Teatro Romano y supone un 'admirable empeño creativo', recupera la presencia urbana del monumento, revaloriza sus ruinas y reanuda su uso tradicional, ahora en condiciones excepcionales de calidad".

Aquella sentencia fijaba un plazo de dos meses para solicitar su ejecución de acuerdo con las condiciones que fijara el TSJ y abrió un proceso que acabó con el auto de ayer. Entremedias, el TSJ se dirigió a las partes para que alegaran y ordenó diversos estudios técnicos acerca de la reversibilidad de las obras. Marco Molines no dejaba de insistir en que se llevara a cabo la ejecución de la sentencia del Supremo, pero en enero pasado el propio TSJ encargó a la Consejería de Cultura un nuevo dictamen.

El perito elegido por el tribunal para dictaminar al respecto, Ángel Abad, compareció en marzo pasado para señalar: "Las obras de rehabilitación que se hicieron sobre el Teatro Romano de Sagunto son reversibles, pero las desaconsejo". Y añadía que una "demolición pura y dura podría provocar algún perjuicio".