Fracasos previsibles

¿Por qué ha fracasado el plan Info XXI, el que iba a colocar a la sociedad española en cabeza de las economías avanzadas europeas, según las promesas de José María Aznar y Josep Piqué en 1999? La respuesta es que no se trataba propiamente de un plan, sino de un recurso propagandístico organizado para demostrar que el Ejecutivo tenía ideas avanzadas en materia de organización económica y estaba dispuesto a situar a España en la senda de los países tecnológicamente avanzados. Es un recurso conocido: se anuncia una iniciativa hercúlea, con una gran aportación presupuestaria, y se contabilizan los réditos políticos; después, si la iniciativa fracasa, que es el resultado más probable porque nadie se ocupa de gestionarla, importa poco. Se busca un culpable -en el caso del AVE se ha llegado a hablar de sabotajes- o se hace otro plan, que es el caso del Info que se anunciará después de Semana Santa, que tiene las mismas probabilidades de triunfar que el anterior.

La prioridad política no es dotar a las empresas o al sistema educativo de más capital tecnológico, sino presentar un déficit cero

Si se entra en más detalles, el fracaso del Info XXI se explica porque la prioridad de la Administración española no es dotar a las empresas, al sistema educativo o al judicial de más capital tecnológico que aumente su rentabilidad, sino cuadrar las cuentas y presentar sobre el papel un déficit cero. Cuando se estrechan las condiciones presupuestarias, fenómeno que suele ocurrir dos o tres veces cada año, lo primero que se recorta es la inversión. Así se explica que la inversión en capital tecnológico sea insuficiente, cuando no ridícula; que las vías de ferrocarril estén en condiciones lastimosas y proliferen los accidentes, o que las carreteras sean más inseguras cada día que pasa. Con esa prioridad, la maquinaria administrativa ahoga cualquier plan de inversión por articulado que esté; y más cuando, como el Info XXI, la gestión brilla por su ausencia.

Si la sociedad española quiere avanzar de verdad por el camino de la tecnología de la información y acrecentar su productividad por esta vía, las líneas políticas por las que debe discurrir son las regionales. Al menos eso es lo que indican los precedentes conocidos en España. Los gobiernos autonómicos han demostrado mayor arrojo en la apuesta tecnológica y más capacidad de gestión para ejecutarla. En este punto se deben citar los ejemplos de Extremadura o La Rioja. El caso extremeño, por ejemplo, con su apuesta por el software libre -LinEx, desarrollo para Extremadura del sistema Linux- y su ciclópeo empeño por instalar un ordenador por cada dos alumnos en las instituciones educativas de la autonomía, mejorará probablemente la alfabetización tecnológica de las generaciones que ahora se están formando en las escuelas e institutos. Aunque tropiece con la barrera evidente de la formación de los profesores encargados de transmitir la nueva era digital, al menos es un esfuerzo que se puede medir y pesar, en interés político y en dinero.

Hay otra razón por la que es preferible a todos los efectos encarrilar la sociedad de la información por vías locales autonómicas. Las regulaciones del Gobierno central en los mercados de servicios -telefonía, gas, electricidad, derivados del petróleo, información- han resultado hasta el momento poco flexibles. En todo momento y lugar han beneficiado a los operadores dominantes y han perjudicado a los consumidores. Resulta que para que la sociedad de la información tenga éxito es casi imprescindible que los consumidores de servicios tengan cierto poder en los mercados. Si no lo tienen, las probabilidades de universalizar los servicios mediante tarifas bajas, alta calidad y velocidad de transmisión son muy escasas. Este raquitismo es notable -por el momento- en España. A precios de conexión muy elevados les corresponde menos volumen de usuarios y menos control de calidad en los servicios.

Las cifras son muy explícitas: España está en el furgón de cola de Europa en inversión en tecnología, en infraestructuras tecnológicas, en preparación para Internet. Todos los organismos internacionales coinciden en situar a la sociedad española en los últimos puestos de Europa en toda inversión potenciadora de la productividad y rentabilidad empresarial. Más allá de los circunloquios políticos al uso, el Info XXI ha fracasado, pero no era previsible que triunfara. Turno para el siguiente plan.