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Pensiones para todos los vascos

El Ejecutivo de Euskadi propone una Previsión Complementaria no sustitutiva del actual modelo de la Seguridad Social

En 1995, los mayores de 65 años representaban un 15% de la población de Euskadi. En 2025, rondará el 25% y en 2050 supondrá como mínimo el 35%. El Gobierno Vasco está en plena elaboración de un Modelo de Previsión Social Complementaria basado en potenciar y generalizar los planes de pensiones sectoriales y de empleo.

La preocupación de todos los Gobiernos en materia de pensiones es alta. ¿Cómo ofrecer a la población la posibilidad de una vejez financieramente suficiente y eficiente?Las líneas básicas que definirán este nuevo Modelo de Previsión Social Complementaria para Euskadi se pueden resumir en las siguientes:

Se trata de generalizar la previsión social complementaria a través de los sistemas de empleo para un mínimo del 70% de los perceptores de rentas del trabajo o profesionales
El aumento estimado del gasto en pensiones sobre el PIB de los estados miembros de la UE durante los próximos 50 años oscilará entre un 3% y un 5%

1ª: Se sustentará en sistemas sectoriales y de empleo, separándolos claramente de los planes de pensiones individuales (los privados promovidos básicamente por las entidades financieras y de los que puede ser socio cualquier persona individual).

2ª: Se cubrirán las contingencias (posibilidades) de jubilación, incapacidad y viudedad. Las aportaciones de los trabajadores oscilarán entre un 6% y un 10% de su salario.

3ª: Las aportaciones serán ilíquidas, es decir, no se podrán rescatar salvo jubilación, incapacidad, viudedad o por la aparición de alguna situación objetiva y grave para la vida habitual del trabajador.

4ª: Los trabajadores participantes en un sistema de empleo sólo podrán, en principio, rescatar su ahorro en forma de renta vitalicia. En situaciones extraordinarias (necesidad de amortización de un crédito hipotecario, por ejemplo) se permitirá el cobro de una parte en forma de capital.

5ª: El nuevo sistema tendrá un periodo transitorio de adaptación, que podría extenderse durante ocho años. En principio, y según los datos ofrecidos recientemente en unas jornadas APD por la Diputación Foral de Vizcaya, el límite de aportación máxima con carácter deducible a un plan de empleo sería de unos 4.000 euros anuales en términos reales (se actualizarían con la inflación). A lo largo del periodo de adaptación se irían reduciendo, según una primera hipótesis, los importes máximos de aportación deducibles a los planes de pensiones individuales, hasta llegar a un tope de otros 4.000 euros anuales reales (5.067 euros en términos monetarios).

6ª: Estos planes no podrán proporcionar pensiones que, conjuntamente con la Seguridad Social u otro régimen público, superen el último salario del trabajador (de éste se deducen las cotizaciones sociales y las aportaciones al sistema de empleo).

7ª: Las aportaciones a estos planes de pensiones no reducirán la base imponible en el IRPF sino que darán derecho a una deducción de la cuota a pagar (de los impuestos a abonar por cada trabajador) en un mínimo del 35% de su importe con la posibilidad de aumentar este porcentaje según el número de hijos de cada persona.

8ª: Las aportaciones a estos planes de empleo las realizarán tanto los empleados como los empleadores. Para éstos últimos, estas aportaciones tendrán la consideración de salario diferido y, por tanto, de gasto salarial deducible a la hora de pagar el Impuesto de Sociedades.

9ª. El nuevo Modelo de Previsión Social Complementaria debe lograrse con el acuerdo de empresarios y sindicatos. El objetivo es que, en esta materia, las empresas cuenten con soluciones "llave en mano".

10ª. El Gobierno Vasco garantizará la seguridad jurídica de este nuevo Modelo al ejercer su tutela y regularlo a través del correspondiente marco normativo.

La Administración Vasca tiene claro el objetivo que persigue con su propuesta de "Modelo de Previsión Social Complementaria para Euskadi". Se trata de "garantizar una independencia financiera real para las personas mayores de mañana, evitando al máximo las situaciones de precariedad y, por consiguiente, de pérdida de bienestar". Según datos recientes de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales realizadas por el Gobierno Vasco, casi cuatro de cada diez hogares cuya persona principal tiene más de 65 años está en situación de "ausencia de bienestar". Este concepto se relaciona con una diposnibilidad de ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados.

Las decisiones para conseguir este objetivo también están claramente definidas. "Se trata de generalizar la previsión social complementaria a través de los sistemas de empleo para un mínimo del 70% de los perceptores de rentas del trabajo o profesionales". El problema actual se concentra en aquellas rentas del trabajo que, con ingresos por debajo de los cuatro millones de pesetas, representan el 82% de los declarantes y donde los niveles de aportantes a un sistema de previsión están en torno al 33% de la población. Este colectivo no ha encontrado por el momento en la previsión social respuesta a sus necesidades. Los datos de Guipúzcoa, por la presencia de Geroa (una de las principales entidades de Previsión Social de Euskadi), demuestran que los perceptores de rentas medias y medias-bajas sólo acceden a la previsión complementaria en el marco de los sietmas colectivos sectoriales.

En ningún caso, este sistema de Previsión Complementaria sustituirá el actual modelo de cotizaciones a la Seguridad Social.

En los últimos años, tanto Inglaterra como Irlanda y Alemania han lanzado campañas públicas de concienciación a la población sobre la necesidad de proteger su nivel de vida futura. El Gobierno Vasco parece decidido a desarrollar toda una política activa de comunicación que haga que sus ciudadanos sean conscientes del reto demográfico, que hace necesario que actúen para alcanzar el necesario grado de protección futura.

Joseba Azcárraga, consejero de Justicia, Empleo y Segurida Social del País Vasco.
Joseba Azcárraga, consejero de Justicia, Empleo y Segurida Social del País Vasco.JOSE LUIS ZÁRATE.

Un gasto que se dispara

Según los estudios de un buen número de organismos internacionales, el gasto en las pensiones públicas aumentará en las próximas cinco décadas en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Los aumentos estimados del gastos en pensiones sobre el PIB oscilarán entre un 3% y un 5%. Los países que se enfrentan a los mayores retos en este terreno son España y Grecia, dónde se prevén incrementos en el gasto entre en 8% y un 12% del PIB, respectivamente.

Tanto la OCDE como los servicios internos de la Comisión Europea estiman que el efecto sobre el PIB aún será mayor (entre un 2% y un 3,9%). Por su parte, el CSIS (Center for Stategic and International Studies) aún corrige al alza estos datos. En el caso de España suponen que se pasará de un gasto en torno al 10% del PIB del año 2000 a otro del 25% en 2050. En Euskadi, de no tomarse ninguna medida, la situación tampoco sería mucho mejor. En un contexto positivo (evolución demográfica moderada, caída de la tasa de paro, incorporación de la mujer al trabajo...), el gasto en pensiones supondría en 2050, un 17,4% del PIB.

En un escenario negativo (mercado de trabajo menos favorable, reducción tímida del paro, aumento moderado de la tasa de actividad y ligero aumento de las pensiones), el gasto en pensiones representaría el 27,1% del PIB en 2050.

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