El Servicio Andaluz de Empleo abrirá a partir de mayo de forma paulatina
La Junta debe reestructurar las 190 oficinas del Inem para ejercer las nuevas competencias
La Consejería de Empleo ha acelerado en las últimas semanas para ultimar el entramado de normas que permitirá desarrollar el Servicio Andaluz de Empleo, el organismo que centralizará las políticas activas de empleo, cuyo traspaso será efectivo a partir del 1 de mayo. Su puesta en marcha, sin embargo, no será automática. La Consejería comenzará la reestructuración de las 190 oficinas transferidas por el Inem, para ejercer las competencias "progresivamente" a lo largo de este año.
Con el nuevo traspaso, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) gestionará un presupuesto de 700 millones de euros al año y de sus actuaciones en formación profesional, programas mixtos de formación y práctica laboral, intermediación e incentivos a la contratación podrán beneficiarse unos 270.000 andaluces, según los cálculos de la Consejería de Empleo. Pero estos cálculos se basan en un SAE en pleno funcionamiento, algo improbable hasta 2004.
La Consejería ha desarrollado la mayor parte del entramado jurídico que sostendrá al SAE. En diciembre pasado, el Parlamento andaluz aprobó la ley que regula este organismo, en cuyo Consejo de Administración se sentarán los sindicatos, la patronal y los municipios. Este mes, la Junta ha aprobado sendos decretos que regulan el organigrama del SAE (que será dirigido por el secretario general de Empleo de la Consejería, Rafael Herrera) y los programas de inserción laboral que desarrollará este organismo. Está pendiente otra norma sobre los incentivos para crear empleo estable.
Pero todas estas funciones están pendientes de la reestructuración de las oficinas traspasadas. El consejero de Empleo, José Antonio Viera, indicó el miércoles que el cambio de cartelería e imagen será inmediato. Pero el desarrollo de nuevas funciones será más complejo y "progresivo", tal y como anunció el propio consejero y confirmó ayer una fuente de su departamento. Según un primer estudio de la Consejería, la mitad de las oficinas está en buenas condiciones pero un 20% necesita obras en profundidad. Y el equipamiento de los dos centros nacionales de formación traspasados (Almería y Sevilla) está incompleta (el Gobierno ha previsto un pago único de 6,6 millones para esta cuestión).
En las oficinas que ya están en condiciones, será necesaria una reestructuración interna que separará la ventanilla de pago que retiene el Inem del resto de dependencias en las que los funcionarios asignados ahora al SAE (1.630) desarrollarán su labor. La Consejería ha diseñado ya una "oficina piloto", que presentará en los próximos días. Pero, en la muchos casos habrá que hacer un planteamiento específico para cada sucursal (69 tienen menos de cinco trabajadores).
El 'Inem' autonómico buscará trabajo
La principal crítica que hacen sindicatos, empresarios y usuarios al Inem es que sus oficinas se limitan a gestionar las prestaciones por desempleo, mientras que su labor para facilitar posibilidades de trabajo a las personas que lo demandan es insignificante. Ahora, el traspaso otorga al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Inem autonómico, todas las competencias para realizar este cometido, que será su principal desafío.
- Ventanilla de pago. El Inem siempre retendrá al menos un funcionario en las 190 oficinas traspasadas, que se ocupara de gestionar los pagos de prestaciones a los desempleados y mantener el registro de parados.
- Las competencias del SAE. Basará su labor en dos patas: la formación profesional para desempleados y las políticas activas de empleo. La primera, ya transferida (430 millones al año), busca capacitar a los parados para encontrar trabajo. Se apoya en 1.200 centros colaboradores, siete de la Consejería y otras 13 escuelas de "excelencia". Gran parte del presupuesto de las políticas activas de empleo (253 millones al año) se lo llevará el medio millar de programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, que combinan formación y prácticas remuneradas y ahora serán aprobados por el SAE. La intermediación laboral tendrá un coste menor, pero es el campo donde la Consejería quiere ofrecer nuevos servicios: habrá atención preferente a colectivos con altas tasas de paro. Se asesorá al parado de forma personalizada y se nombrará un tutor permanente para esos colectivos o para las personas que lleven más de 12 meses buscando empleo. También habrá asesoramiento para las empresas que necesiten trabajadores y se potenciará un programa de inserción laboral mediante prácticas, remuneradas en algunos casos.
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